viernes, 16 de febrero de 2018

Solos en la madrugada




Solos en la madrugada


“El gobierno tiene los resortes para encauzar la acción 
privada en el sentido más favorable al bienestar general". 
Arturo Frondizi

El próximo miércoles veremos, en la Avda. 9 de Julio, que Hugo Moyano (más sus hijos, su tercera mujer y los vástagos anteriores de ésta) se encuentran absolutamente solos, como nunca lo han estado, en el amanecer del momento en que irán presos. Aún así, sin duda estarán rodeados por lo más granado del kirchnerismo (la CTA, los docentes y bancarios), el trotskismo,  y los movimientos sociales, incluida la CTEP, la organización encabezada por Juan Gabrois, funcionario vaticano por designación de SS Francisco, todos aunados solamente por su actitud opositora al Gobierno.

Es bueno recordar que el Papa cumple dos roles: Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y Jefe del Estado Vaticano. Cuando habla de dogma su palabra es infalible para nosotros, los fieles de su Iglesia; en cambio, como estadista, no es más que un ser humano común, susceptible de incurrir en errores y, sobre todo, con derecho a tener opinión propia en temas terrenales. Si le envía rosarios a los imputados por corrupción o una carta personal a Hebe de Bonafini, donde la bendice y la compara con Jesús como objeto de calumnias en procesos amañados, está ejerciendo su derecho, pero no por ello sus pareceres tienen que ser aceptados por la grey; y lo mismo sucede con el resto de sus expresiones estrictamente políticas o económicas. 

La soledad en que han dejado al Negro Moyano sus pares se debe a que éstos han comprendido, con sagacidad y experiencia, que hoy el poder real está en manos de Mauricio Macri quien, a diferencia de sus predecesores no peronistas, sorteó con facilidad las elecciones de medio término. Percibieron que no se trata de un personaje débil o manejable sino que están frente a alguien con decisión y firmeza; además, puede abrir o cerrar la bolsa de recursos de las obras sociales gremiales, principal fuente financiera de los sindicatos, y activar las acciones de la Oficina Anticorrupción, que tanto preocupa a varios de los congéneres del líder camionero, autores de similares delitos.

La concentración del 22 para la defensa política frente a las acciones penales que lo tienen contra las cuerdas puede derivar en violencia urbana, pero no dudo que la Ministro de Seguridad está preparada para reprimirla; a Patricia Bullrich tampoco le temblará la mano para hacerlo.

Pero hay otro ángulo en el que la mayoría de la sociedad está de acuerdo. Me refiero a la imperiosa necesidad de despedir al millón de empleados públicos que se agregaron en la década anterior; en ello coinciden todos los ciudadanos, asfixiados por una presión impositiva que no para de crecer. Si por unos pocos cientos de empleados, a los cuales no fueron renovados sus contratos temporarios, la ciudad de Buenos Aires y sus accesos se ha transformado en un caos, ¿qué sucedería si estuviéramos hablando de miles? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, aunque sólo sea en materia de libre circulación?

Moyano y sus socios son verdaderamente capaces de convertir nuestra vida en un infierno por la falta de alimentos, de dinero, de combustibles, de exportación de granos, de clases, etc., y no tengo dudas que activarán paros crecientes a medida en que avancen las causas penales; ¿lo soportaremos todos los que hoy despotricamos contra el inmenso poder que han sabido construir extorsionando a mandatarios y ministros?

Esto nos lleva a las dificultades económicas que jaquean al Gobierno, en especial la indomable inflación. En materia de mercados, los factores psicológicos tienen una enorme importancia; cuando un rumor -favorable o negativo, cierto o falso- trasciende, el precio de los activos sube o baja sin ninguna razón aparente que lo justifique y, cuando la multitud actúa como masa, la fortuna o la ruina están a la vuelta de la esquina; muchos pánicos y burbujas generalizados que se han producido en el mundo en épocas recientes dan acaba prueba de esta afirmación. Y en este aspecto el accionar de los gremios y el desorden generalizado está produciendo un grave deterioro en la imagen que Macri está intentando construir de cara a los inversores; en especial cuando, como sucedió esta semana, se reflejan en el diario más influyente en la materia, The Wall Street Journal.

Hay virus enormemente peligrosos que se han instalado en nuestro cuerpo social desde hace tiempo y, como terribles drogas adictivas, costará mucho tiempo erradicarlos. Por estar enfermos de populismo, pretendemos que se nos “regalen” los servicios públicos, sin pensar que los pagaremos con nuestros ya insoportables impuestos; y al apostar permanentemente al alza futura de los precios internos y de los salarios, convertimos a la inflación, la peor gabela, en una profecía autocumplida.

Sabemos que el precio del dólar en la Argentina está atrasado, y que esa situación perjudica enormemente a nuestras exportaciones industriales y a las economías regionales; sin embargo, tan pronto comienza una sensación alcista, salimos a remarcar los precios a su ritmo, aunque no estén vinculados a las importaciones. Nos quejamos del sideral déficit de nuestra balanza de pagos, pero batimos records absolutos en materia de turismo y compras en el exterior, aprovechando precisamente el dólar barato.

Criticamos el nivel de endeudamiento del país en el exterior, pero no ahorramos en el país el dinero suficiente para solventar el sideral gasto público heredado; tampoco nos conforma el gradualismo del Gobierno, pero no proponemos recetas alternativas políticamente viables para reducirlo.

Los industriales protestan por la baja en el consumo, pero rechazan frontalmente la apertura de la economía, que les permitiría buscar clientes en el mundo entero. Los dirigentes sindicales aúllan contra cualquier medida que pretenda mejorar la competitividad y reclaman por la caída del poder adquisitivo, mientras se asocian a los pedidos de las entidades patronales, pero sus pretensiones en materia salarial aportan nuevo combustible al incendio inflacionario.

Nos sentimos por completo inseguros, pero calladamente permitimos que se procese a un policía que mata a un asesino frustrado que huye y a un padre que golpea a un individuo mayor por intentar seducir por Internet a su hija de once años. Hace cuarenta, rogabamos que las Fuerzas Armadas reprimieran a los terroristas que ponían bombas, asesinaban y secuestraban a mansalva, pero hoy miramos para otro lado cuando se nos enfrenta a la realidad de dos mil ancianos militares presos, muchos sin condena, por ganar la guerra a la guerrilla.

En resumen, todos tenemos que dejar la hipocresía de lado y tomar conciencia de cuánto depende de nosotros mismos que la Argentina se reconvierta en el país viable y envidiable que alguna vez fuimos y deje atrás  esta espiral de decadencia en que nos hemos sumergido desde hace décadas. Es cierto que costará grandes sacrificios presentes lograrlo, pero así dejaríamos a nuestra descendencia un legado de paz y prosperidad del cual hoy carece. ¿Seremos, realmente, capaces de hacerlo?


Bs.As., 17 Feb 18

viernes, 9 de febrero de 2018

Camión se fue a la guerra



Camión se fue a la guerra

“Pedirles, además, que me quisieran, ¿no les parece que era pedirles demasiado?” Joaquín Sabina

Ya quedó claro, y la mayoría de sus Gordos colegas así lo han entendido: Hugo Moyano está dispuesto a incendiar el país –o, al menos, a intentarlo- para impedir el inexorable avance de la Justicia sobre su libertad y los bienes mal habidos por sus varias familias y saqueados a los afiliados a su sindicato y al club de fútbol que preside. No está inventando nada nuevo, porque desde los más cercanos adláteres de Cristina Elisabet Fernández (la subversiva Hebe de Bonafini y el proxeneta Raúl Zaffaroni) hasta Juan Pablo Pata Medina han proferido amenazas semejantes.

Para la pelea que se avecina, el Negro y su transitorio socio, el siempre verborrágico Luis Barrionuevo, han subido a su esquina del cuadrilátero, convirtiéndola así en un verdadero cambalache, a La Cámpora, a algunos intendentes del Conurbano, al Partido Obrero y al trotskismo, al mugriento Roberto Baradel, al impresentable Hugo Yaski, al bancario Sergio Palazzo, a las dos CTA, a ATE, a los “metrodelegados” y a los movimientos sociales patrocinados por el Papa. Ese rejuntado menjunje saldrá el 21 de febrero a la calle para ofrecerse como garante de la honestidad de un enorme ladrón, del cual abjuró y al que insultó hasta enronquecer, pero el defendido y los defensores han exhibido jamás alguna coherencia.  

Es previsible que una vez más se opte por la violencia más irracional –la misma que sacudió la Plaza de los Dos Congresos en diciembre pasado- para dar mayor visibilidad al acontecimiento, puesto que la ausencia de los grandes gremios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Unión Tranviarios Automotor, Comercio, etc.) augura una fuerte reducción en la asistencia.

Y la explicación a esta conducta de los Gordos debe buscarse en dos razones diferentes: la vocación por mantener el diálogo con el Gobierno, dadas las ventajas que esa actitud puede representar para sus sindicatos y, no es un dato menor, también para negociar algún camino para dejar de ser, ellos también, blancos móviles de los organismos de investigación financiera estatales, ya transformados en auxiliares de los magistrados, una función que dejaron de cumplir durante toda la década anterior.   

Moyano, esta vez, ha errado en el diagnóstico de la realidad y, sobre todo, en la percepción del carácter de Mauricio Macri; éste no es, como creyó equivocadamente, comparable a Raúl Alfonsín ni a Fernando de la Rúa, y me parece que al Presidente le cae mejor el lema yrigoyenista de “que se rompa, pero que no se doble”, en especial cuando se le quiere imponer una decisión por la fuerza.

Por lo demás, el peronismo de hoy no tiene la unidad (pese a la penosa foto de ayer, que reunió a Víctor Santamaría -otro “perseguido”-, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Agustín Rossi, Felipe Solá, Daniel Arroyo y Fernando Chino Navarro) ni la potencia de las que podía vanagloriarse en la época de los fracasados gobiernos radicales, y la dirigencia gremial se ha constituido en la corporación más desprestigiada del país; la reciente y bochornosa exhibición de tantos automóviles, aviones, casas, joyas y dinero efectivo en manos de tantos mafiosos ha tenido una enorme repercusión en la sociedad, incluyendo a los propios trabajadores esquilmados.

Quizás, antes de jugar con fuego, le hubiera resultado útil al Negro volver a ver un video que se ha viralizado esta semana, grabado allá por el 2000 en un programa de Mariano Grondona que contó con la presencia del camionero y de una joven Patricia Bullrich, por entonces Ministro de Trabajo. Si ya entonces, cuando era miembro de un gobierno sumamente débil, la Piba se atrevió a zamarrearlo como lo hizo, ¿qué cabe esperar de ella ahora, cuando tiene tras de sí a una sociedad harta de patoterismo y, además, es Ministro de Seguridad?   

La ciudadanía, aunque este personaje no lo entienda, no quiere más garantías para los delincuentes y olvido para las víctimas. En estos días, además de batir records en materia de represión del narcotráfico, el Ministerio que encabeza pidió el procesamiento de los falsos testigos impuestos por el terrorismo mapuche y, con Macri en primer plano, salió en defensa de Luis Chocobar, el policía que se atrevió a disparar contra el armado y frustrado asesino de un turista, devolviendo a las fuerzas de seguridad el respaldo del Estado en el cumplimiento del rol que la ley les asigna, es decir, reprimir el delito en todas sus formas.

Lo curioso, cuando uno piensa en Latinoamérica como una entidad y percibe las olas –ciclos o tendencias- que la recorren entera, comprueba que los males que aquí aquejan a Moyano y a su nueva socia, doña Cristina, son comunes en toda la región. Ecuador acaba de rechazar masivamente la posibilidad de reelección indefinida de Rafael Correa, que se encamina a ser juzgado por corrupto y acompañar al actual Vicepresidente en la cárcel; en Brasil, Lula, con sentencia de prisión en doble instancia por la misma razón, no podrá ser candidato a una nueva presidencia y, en menor medida, sucede algo parecido en Perú, en Chile, en Colombia y en Uruguay.

Es decir, la impunidad se terminó y las sociedades exigen reparación –o sea, la restitución de lo robado- y castigo para todos, todos los ladrones. Lamentablemente, aún resisten en la trinchera populista del “socialismo del siglo XXI”, la bien administrada Bolivia de Evo Morales y la torturada Venezuela de Nicolás Maduro; la gerontocrática Cuba de Raúl Castro y la siniestra Nicaragua de Daniel Ortega, todos países que confluyeron en el nefasto Foro de San Pablo con el fin de implementar esa fracasada ideología en el subcontinente.

El Gobierno nacional realizará, en la corta semana que se inicia, un “retiro espiritual” para analizar su relanzamiento, después de la fuerte caída en la aprobación de su gestión, del cuestionamiento a conductas reprochables de alguno de sus miembros, de la azarosa aprobación de la reforma jubilatoria, del paralizante rechazo de la oposición a los cambios en materia laboral  y, sobre todo, a las complicaciones que trajo aparejado el fin de año para la economía, por el recrudecimiento de la indomable inflación y el incierto panorama internacional en un país vulnerable en esos escenarios.

Sigo pensando, de todos modos, que estamos en la senda correcta y, aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas –un precio que pocos estamos dispuestos a pagar, es cierto- saldremos adelante y creceremos lenta pero decididamente en el futuro inmediato. Parte de ese calvario lo recorreremos cuando comiencen los gangsteriles aprietes de los gremialistas más emblemáticos, que todavía tienen el poder de complicar la vida a todos los conciudadanos, privándolos de combustibles, remedios, alimentos y dinero para continuar su trayectoria de repulsivo saqueo. Ahí veremos si los argentinos aún tenemos reserva de aquél coraje y de ese estoicismo que tantos laureles nos permitieron conseguir en el pasado; lamentablemente, no fueron tan eternos como pretendíamos entonces.


Bs.As., 10 Feb 19

sábado, 3 de febrero de 2018

Un infierno alternativo



Un infierno alternativo

"Ningún país que aspire a ser desarrollado hoy puede aplicar una política de puertas cerradas. Nosotros hemos probado esa amarga experiencia, y también nuestros antepasados la han probado".  Deng Xiaoping


Desde diciembre se ha instalado, entre quienes votaron a Cambiemos en 2015 y 2017, un descontento tan fuerte que ha hecho caer nada menos que quince puntos la imagen del Presidente de la República, que se había fortalecido después de las elecciones de medio término. Las razones para ese cambio de tendencia son varias: la azarosa modificación previsional, el aumento en los servicios públicos, la persistente inflación, la frustración de la reforma laboral, la ocupación del espacio público por la izquierda combativa, la frontal lucha de los dirigentes sindicales corruptos contra la Justicia, algunas cancelaciones de contratos de empleados públicos, el crecimiento de la deuda externa, etc., amén de notorios errores de ciertos funcionarios que, con razón, dieron pasto a las fieras.

Desde esta columna semanal he sostenido que consideraba su mayor error no haber desnudado claramente, de cara a la sociedad entera, la magnitud de la crisis que, cual bombas sembradas en cada uno de los caminos, había dejado Cristina Elisabet Fernández cuando debió dejar el poder; ésta, a mi juicio, fue infinitamente más grave que la que soportamos en el 2001. A ello adjudico la disconformidad de la ciudadanía frente a la necesidad de ceder supuestos pero perceptibles beneficios que el kirchnerismo le había otorgado con populista generosidad.

Me refiero, por ejemplo, al acceso indiscriminado a la jubilación de cuatro millones de personas que no habían efectuado aportes previsionales; ese disparate –se hubiera podido encontrar una solución para paliar la extrema necesidad en algunos casos- permitió que muchísimas señoras de clase media y alta se subieran a la oportunidad, aunque el importe mensual que perciben no les alcance para pagar una cena o un vestido; tengo a mi alrededor montones de amigas que se acogieron a ese privilegio y, supongo, a partir de hoy me dejarán de querer.

Lo mismo sucede con quienes pagaban por el transporte público el precio más barato del país y quienes recibían prácticamente gratis el suministro eléctrico o el gas domiciliario, lo cual los habilitaba a mantener caliente el agua de sus piscinas y, por supuesto, a pagar mucho menos para cocinar que sus propias empleadas domésticas que deben, aún hoy, adquirir las garrafas mentirosas.

La viuda de Kirchner dejó el país con una inflación que superaba el treinta y ocho por ciento anual, al Banco Central vacío y endeudado a futuro, y un tercio de los habitantes sumido en la pobreza y en la miseria extrema. Y eso además de colonizar la administración pública con más de un millón de empleados superfluos que hoy actúan como quintacolumnistas.

Sólo esos datos concretos, de por sí, justifican la primigenia necesidad de Cambiemos de adoptar una política gradualista, porque no podía abandonar a los más pobres a su suerte ni expulsar de un solo golpe y hacia un mercado laboral privado inexistente a todos aquellos que hoy se alimentan de la agotada teta de la vaca Estado. La única virtud de la administración anterior, no buscada sino impuesta por la negativa del mundo a prestarle dinero, fue el bajo nivel de endeudamiento externo; eso permitió al Gobierno encontrar fuera del país –no hay ahorro interno suficiente- los fondos necesarios para financiar ese gradualismo, aunque nos vuelva vulnerables y no se pueda seguir haciéndolo hasta el infinito.

Reconozco que estamos en una situación económica complicadísima, pero gran parte de ella nos la debemos a nosotros mismos. Basta con pensar (o, simplemente, ver las fotografías de las repletas playas de Brasil, Chile y Uruguay) cuántas divisas pierde la Argentina por el turismo emisivo pero, mucho más grave aún, por la brutal caída de las exportaciones y la tan remolona inversión directa que no llega desde el exterior y, tampoco, de nuestros propios industriales que, en cambio, han reflotado el mercado inmobiliario de Punta del Este y mantienen afuera los capitales blanqueados.

Todo ello nos obliga a reflexionar. Si la vocación social de modificar el rumbo suicida que llevábamos, que representan los triunfos electorales de Cambiemos, no se viera coronada por un crecimiento económico sostenido, que permitiera reducir la incidencia de la deuda sobre la economía, sin dudas volvería el populismo más salvaje y corrupto a hacerse con el poder. Ya en él, se vería enfrentado a la imposibilidad de recurrir al financiamiento externo y, como consecuencia directa, comenzaría a emitir moneda sin respaldo alguno, y el país caería de inmediato en otra hiperinflación.

Porque no podemos soñar imposibles: ¿a quién podría recurrir una Cristina Fernández reencarnada para cubrir el déficit de ANSES, o para reponer los subsidios a la energía y al transporte público?, ¿cómo haría para seguir manteniendo en el Estado a más de un millón de parásitos?, ¿a qué recursos podría apelar para pagar los sueldos de los empleados públicos?, ¿aumentaría la ya insoportable presión impositiva?, ¿volvería a expropiar las ganancias del campo? El peronismo, parte del cual hoy ha pasado a la resistencia, se limita a despotricar contra una situación de la que es único responsable y no ofrece ninguna receta alternativa alguna para justificar su oposición a las medidas que propone el Gobierno para salir de esta terrible coyuntura.

Aunque usted y, en cierta medida, yo mismo tengamos reparos contra la gestión del Presidente y estemos impacientes frente a la demora en reducir la inflación y el gasto público, debemos formularnos algunas preguntas elementales: ¿nos parecen iguales Mauricio Macri y Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Anímal Fernández, Gabriela Michetti y Carlos Zannini, Nicolás Massot y Cuervo Larroque, Nicolás Dujovne y Axel Kiciloff, Carlos Rosenkrantz y Eugenio Zaffaroni?; porque esa es hoy la opción. Y qué decir del resto de las personas que volverían a ocuparse de la cosa pública, muchos de cuales hoy se encuentran en la cárcel o están haciendo fila para ingresar, pero que recuperarían de inmediato la libertad y la calma por obra y gracia de los volubles jueces federales.

Pongámoslo en blanco y negro: el kirchnerismo, el trotskismo y lo peor del corrupto sindicalismo se han juntado para combatir a la Justicia que pretende, por primera vez en muchísimo tiempo, investigar y castigar a sus mayores caciques, se llamen Julio De Vido, Máximo Kirchner, Hugo Moyano, Marcelo Balcedo, Caballo Suárez, Pata Medina, Milagro Salas, Hebe Bonafini, Víctor Santamaría, etc., y con ese único propósito el tren fantasma que han formado ha convocado a una manifestación para el jueves 22; arrearán, una vez más, a los obreros robados para defender a los dirigentes ladrones.     

En resumen, ha llegado el momento de elegir definitivamente entre un ya imposible pasado de imaginado bienestar y un arduo sendero que nos lleva al futuro, abriéndonos al mundo para convivir y competir seriamente en él.  Por eso, convoco a todos mis conciudadanos a poner el hombro para ayudar al Gobierno a superar el aún complicado presente económico y a apostar a ese nuevo horizonte de estabilidad, crecimiento y responsabilidad. Si no lo hacemos, si seguimos mirando sólo nuestro propio y personal interés, nos habremos definitivamente suicidado.


Bs.As., 3 Feb 18

viernes, 26 de enero de 2018

Fiel y Estúpida



Fiel y Estúpida

“La universidad gratuita es la universidad del privilegio”. Andrés Cisneros

El verano, y la posibilidad de ignorar por un rato la complicada realidad, me permiten dedicar mi nota semanal, una vez más, a formular propuestas concretas para modificar antiguas taras que la sociedad argentina ha conseguido acumular sobre sí misma, a costa de sacrificar su futuro y pagar –los registrados- una de las tasas impositivas más altas del mundo.

Precisamente ahora se cumplen cien años de la Reforma Universitaria que, quizás justificada en su origen, sigue afectando negativamente a la educación superior pública nacional, a un costo sideral y sin servir al país, como debiera. En pleno siglo XXI, inmersos en un mundo cada vez más competitivo y tecnificado, los resultados que ofrece la perpetuación de ideas obsoletas no pueden ser más explícitos.

Según una nota que publicó Infobae, sobre datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2016 se graduaron en carreras sociales 34.000 alumnos, mientras que recibieron su título de ingenieros, en todas las especialidades, 8303. Las cifras correspondientes a algunas de las carreras obviamente claves para el desarrollo nacional ilustran más aún acerca de ese gravoso problema: se recibieron sólo 13 ingenieros metalúrgicos, 44 petroleros, 23 hidráulicos, 23 mineros, 7 nucleares y 58 aeronáuticos.

La fotografía actual de la universidad pública nos permite avanzar sobre esa realidad desde varios ángulos totalmente disímiles: la farsa que implica sostener que la gratuidad equivale a igualdad, el disparate del ingreso irrestricto, la falta de políticas de Estado en materia de indispensable planificación en función de las prioridades nacionales.

 Un simple razonamiento basta para confirmar el primer aserto. ¿Significa el mismo esfuerzo estudiar para un hijo de la clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que para quien proviene de una familia obrera, que necesita del propio trabajo del universitario para subsistir?, ¿lo es para quien llega a la facultad en su automóvil o vive muy cerca de ella que quien debe viajar en medios públicos durante horas para llegar a clase?

Desde otro ángulo, todos sabemos que la universidad pública se sostiene con el aporte del Tesoro cuyas arcas, a su vez, provienen de los impuestos que pagamos todos. ¿Es justo que los más pobres soporten con su diario esfuerzo su costo cuando no tiene exigencias de ningún tipo y a la cual sus hijos no podrán asistir?

 La vigente Ley Federal de Educación, al prohibir la difusión pública de las evaluaciones de establecimientos educativos de niveles secundario y universitario, iguala hacia abajo, porque impide la sana competencia basada en la calidad y en la calificación de los títulos que otorga cada uno.

En la Argentina, como bien dice Alieto Guadagni, el promedio de permanencia en los claustros de estudiantes de carreras con curricula de cinco años, es siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la universidad pública sólo gradúa veintidós de cada cien ingresantes. Ese estiramiento artificial de la vida universitaria genera, naturalmente, mayores gastos en salarios docentes y no docentes, en infraestructura, en medios para la investigación, etc., todo lo cual recae sobre las espaldas de la población en general, inclusive de aquellos sectores cuyo único consumo son los alimentos de primera necesidad, gravados con el IVA.

Mi propuesta, reiterada en notas y publicaciones antiguas, es muy simple. Se trata de establecer –se dispone de los medios informáticos para hacerlo- cuántos nuevos graduados de cada una de las disciplinas necesitará el país a cinco años vista. Basta, para hacerlo, con introducir en una computadora la información que suministren las empresas y el sector público, incluyendo a los potenciales inversores que se acerquen.

Con el resultado de esa investigación, se constituiría un primer cupo de ingresantes a la universidad pública. Para formar parte de él, los estudiantes deberían rendir un examen de ingreso muy exigente –en matemáticas, lengua, ciencias y ciencias sociales- y mantener el nivel de excelencia durante toda la carrera, comprobado mediante pruebas semestrales. A los miembros de ese primer cupo, obviamente, no sólo no se les cobraría matrícula alguna sino que, por el contrario, se les prestaría el equivalente a un sueldo razonable, que les permitiera inclusive mantener a su familia durante todos sus estudios. Como es obvio, quienes lograran graduarse integrando ese primer cupo encontrarían una clara salida laboral, ya que tanto el Estado cuanto las empresas los buscarían afanosamente.

Luego, crear un segundo cupo que tuviera en cuenta la capacidad física de cada una de las facultades. Ese segundo cupo, es decir aquellos que sean extranjeros no residentes u opten por carreras que el país no necesitará –y, por ende, es injusto que deba soportar- y por quienes no hubieran logrado el nivel de excelencia requerido para el primero, debería pagar para estudiar. Así de simple: si quieres hacerlo, báncalo tú. Las facultades más afectadas serían, claro, las de Derecho y Psicología, ya que es absolutamente excesivo el número de profesionales que surgen hoy de las mismas y, por ello, no encuentran en el mercado de trabajo una fácil inserción.

Incorporaría, además, a esas normas una ley que impusiera a la administración estatal la obligación de contratar, como consultora externa, a la universidad pública, y pagar los honorarios correspondientes. Veamos qué efectos produciría la solución propuesta: en primer término, egresarían mejores graduados, y el país dispondría de profesionales excelentes en las disciplinas más indispensables; además, impediría la permanencia del “estudiante crónico”, ese al cual el bajo nivel de exigencia en materia de materias aprobadas por año le permite permanecer en los claustros por muchos años, incordiando a los alumnos más esforzados.

Con el producido de las matrículas pagadas por los integrantes del segundo cupo, más los honorarios que la universidad generaría por sus servicios de consultoría externa, se formaría un interesante presupuesto propio, que permitiría otorgar los préstamos a los del primero, mejorar sensiblemente los salarios docentes e invertir en infraestructura y en medios de investigación. Al pagar mejores salarios, se incrementaría la vocación por la enseñanza y, así, el círculo virtuoso se cerraría con el nivel de excelencia en los claustros docentes.

Por supuesto, se debería actuar simultáneamente sobre la educación secundaria, ya que gran parte de los problemas que aparecen allí: las pruebas Aprender 2016 mostraron que el 80% de los que egresan de las escuelas públicas tienen enormes dificultades para resolver problemas matemáticos y escasa comprensión de textos.

Si hiciéramos esto, la educación recuperará su condición de verdadero faro capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser el miserable fanal que sólo permite ver la escalera descendente en la que estamos embretados.



Bs.As., 27 Ene 18

viernes, 19 de enero de 2018

Machacar hasta que entre



Machacar hasta que entre


“La gota horada la piedra no por su fuerza sino por su constancia”. 
Ovidio


Dado la escasez de temas puntuales durante esta semana, salvo la gira de SS Francisco a Chile y Perú, a la cual prefiero no referirme, aprovecharé para volver a proponer un tema que me tiene obsesionado desde hace años y sobre el cual he escrito muchas veces, obviamente sin éxito alguno.-

Vivimos en la Argentina, aproximadamente, 42 millones de personas, de de las cuales un 30% se encuentra bajo la línea de pobreza; en consecuencia, podemos considerar que aquí hay menos de 30 millones de potenciales consumidores. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, que ha duplicado su población en 50 años y hoy cuenta con 210 millones de habitantes, o con China o India, donde hay muchos miles de seres humanos, resulta fácil comprender que, entre nosotros, no puede florecer ninguna industria que necesite gran escala para vender su producción a precios competitivos.

Por ello, resulta necesario preguntarnos qué debemos hacer para abrirnos al mundo, lograr venderle lo que fabricamos y, sobre todo, cómo permitir a todos nuestros conciudadanos acceder a esos bienes, cuando otros países los ofrecen a valores sensiblemente inferiores. La receta es tan elemental y conocida que resulta raro que aún no la hayamos aplicado.

La persistente falta de seguridad jurídica y, hasta hace poco tiempo, también cambiaria, retrae a los capitales a la hora de poner dinero en las empresas (decían: “aquí uno se entera si es rico o pobre por los titulares de los diarios del día siguiente”). Una de las consecuencias más graves de la falta de inversión, local o externa, es que el sector privado no puede absorber el millón de personas que sobran en el Estado entre sus tres niveles y, con ello, impide resolver uno de los problemas más nefastos de nuestra economía: el gasto público desmesurado.

Esa posición de los industriales fue razonable durante muchos años y, aunque la realidad está en un fuerte proceso de cambio, todavía no conseguimos suscitar la confianza necesaria para que la tan soñada lluvia de inversiones se concrete, salvo en el transporte aéreo y las energías renovables. Pero también es verdad que ellos no han conseguido, salvo en contadísimas excepciones, lograr que sus productos tuvieran características de singularidad que los hicieran apetecibles en los mercados consumidores externos, ya que la industria local puede ser descripta como ‘común’ y, sobre todo, poco competitiva.

Las asociaciones industriales, que pretenden continuar viviendo en una economía cerrada, con protecciones que les garanticen cazar en el zoológico o pescar en la bañadera, deben dejar de vendernos los productos “caros” (no se justifica el precio) y pasar a exportar objetos “costosos” (precio alto justificado por la calidad o la exclusividad) para competir con Italia, con Francia, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, etc.. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo: como hemos visto, no tenemos un mercado interno de suficiente envergadura como para sostener una industria que produce bienes escasos y ‘comunes’, y no podrá competir nunca con las empresas textiles de otras geografías ni con las fábricas de calzado que producen para cientos de millones de personas.

Entonces, ¿para qué seguir, como se ha hecho desde hace más de 60 años, protegiendo a las industrias locales con medidas proteccionistas que nos impiden a todos vestirnos o calzarnos a precios más bajos? Lo que debemos hacer es comenzar a fabricar productos de excepcional calidad, sin importar el precio. Italia e Inglaterra carecen de grandes rebaños bovinos y, sin embargo, son países reconocidos mundialmente por la calidad de sus productos de cuero; y Suiza y Bélgica carecen de cacao, pero son los mejores fabricantes de chocolate del mundo.

Si vamos a continuar protegiendo a la industria nacional, hagámoslo sólo durante un breve lapso que deberá usar para reconvertirse y ser capaz de competir, de igual a igual, en los mercados de gran lujo y, por ello, reducidos. Si los cueros argentinos son los que llegan a los países mencionados para ser allí curtidos y trabajados, ¿por qué no hacerlo aquí?, ¿la tecnología no está disponible o nuestros operarios no son capaces? Lo mismo ocurre con la industria de la moda, en la cual Buenos Aires sigue siendo un atractivo faro en Latinoamérica. El diseño y la calidad de nuestros tejidos son reconocidos mundialmente y, sin embargo, no jugamos en uno de los mercados más interesantes por la relación costo-beneficio.

No recuerdo que los buenos fabricantes de zapatos italianos o ingleses, o los diseñadores de moda franceses reclamaran subsidios o restricciones a la importación; ni siquiera que protestaran por las imitaciones baratas que se venden en la calle. Cuando Ferragamo o Bally o Church’s o Dior o Louis Vuitton ofrecen su mercadería a cifras siderales no están tratando de inundar mercados con sus productos, sino llegar con ellos a la gente que está dispuesta a pagar sumas muy importantes por usarlos. Sabemos que los relojes ‘de goma’ dan la misma hora y valen pocos dólares; sin embargo, miles de personas están dispuestas a pagar muchísimo por relojes ‘de marca’.

Por lo demás, tengo la más absoluta seguridad de que, si la UIA usara esta receta, pronto los argentinos viviríamos mucho mejor. Y digo esto porque, por cuidar a los trabajadores de la industria textil o la del calzado (ésta ocupa 50.000) que, por lo demás, conservarían su empleo en las  fábricas de excelencia, se impide a los más pobres comprar camisetas chinas a $ 50 o zapatillas brasileñas a $ 200. En una palabra: no se trata de cerrar industrias o de discutir la distribución mundial del trabajo, sino sólo de cambiar el perfil de nuestros productos. Espero que, alguna vez, tanto la industria cuanto el Gobierno escuchen, ya que el apoyo a esta transformación debería convertirse en una verdadera política de Estado, indispensable para corregir muchos de los males aquí descriptos.

En otro orden de cosas, el decreto de Mauricio Macri que reglamentó la Ley de Educación modificó la representación de los gremios docentes en la paritaria nacional, otorgando a cada central que los nuclea la misma cantidad de asientos en la mesa. Esa medida afectó gravemente a la CTERA, la confederación de “trabajadores de la educación” (antes llamados “maestros”), con vocación por perpetuar un sistema obsoleto y prebendario que utiliza a los chicos como rehenes, expulsa a los alumnos de los establecimientos públicos y entorpece la gestión del Gobierno para servir a los bastardos propósitos políticos del kirchnerismo destituyente.

Quien más sufrirá los embates de la protesta contra la decisión será, seguramente, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; pero no hay que preocuparse por ello, ya que María Eugenia Vidal ha demostrado tener el coraje suficiente para enfrentar cualquier situación conflictiva y superarla.

No puedo concluir sin recordar a los integrantes del Poder Ejecutivo una frase que debiera atribuirse a Nicolás Maquiavelo: “en política, los crímenes se perdonan; los errores no”; a quien le quepa el sayo que se lo ponga.


Bs.As., 20 Ene 18

sábado, 13 de enero de 2018

Preparados …, apunten …,



Preparados …, apunten …,


"Se daba cuenta de que ninguna potencia estaba en condiciones de resistir el desgaste 
del tiempo; sólo la gloria de quien ha vivido con honor crece con el paso de los años". 
Valerio Massimo Manfredi

Cuando la semana pasada me pregunté hasta cuándo la sociedad estaría dispuesta a tolerar, con marcada indiferencia, el permanente chantaje de los eternos dirigentes gremiales, ignoraba que finalmente, y con décadas de atraso, tanto la Justicia como el Ejecutivo, nacional y provincial, habían decidido tomar el toro por las astas y avanzar con la depuración de la corporación más despreciada del país, integrada por delincuentes dispuestos desde siempre a generar los peores conflictos laborales para evitar que se posara sobre sus patrimonios la lupa judicial.

El método extorsivo fue claro –mientras los dejaran incrementar sus negocios personales, ofrecían paz social; de lo contrario, el país se paralizaría- y lo sufrieron tanto los gobiernos civiles cuanto militares; basta recordar que fue nada menos que el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía quien les cedió el control de los servicios de salud, tal vez la fuente más importante de ingresos non sanctos de los grandes bonetes del sindicalismo argentino. No voy a mencionar aquí, por ser innecesario, la lista de los jefes gremiales presos –todos obscenos exhibicionistas- pero debo detenerme en los dos poderosos capi de tutti capi, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

El primero siente ya el aliento de los ahora atentos jueces en la nuca, y no sólo los locales. Una de sus negadas propiedades, la empresa de recolección de residuos Covelia, es investigada por movimientos de dinero sospechosos por la Justicia suiza; cuando el primer pedido helvético llegó a los tribunales argentinos –simplemente, un listado de las causas penales que involucraran al Negro- éste, a la sazón Secretario General de la CGT, decretó un paro general contra el gobierno de Cristina Elisabet Fernández.

Ayer mismo fue denunciado, conjuntamente con su hijo Pablo, su testaferro Patricio Farcuh y el propio Sindicato de Camioneros, por evasión impositiva por la suma sideral de cuatro mil millones de pesos y el consecuente lavado de dinero. Con la monumental expansión de sus actividades –empresas constructoras, correos privados, fútbol, barras bravas, residuos urbanos, sanatorios, farmacias, hoteles, inmuebles y rodados varios, etc.- y con tantos flancos expuestos, es previsible que ponga a parir al país entero, con la paralización del transporte de alimentos, de combustibles, de basura y de dinero, y habrá que ver cuán dispuestos estamos todos a no ceder ante sus aprietes, ya que dirá mucho sobre nuestra voluntad de modificar el rumbo que llevamos.

Ya su colega gastronómico, que directa y públicamente amenazó a la democracia cuando recordó cómo habían eyectado del poder a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa cuando éstos intentaron controlar un poco al poder mafioso del sindicalismo, dio un aviso a la sociedad acerca de qué podemos esperar si los avances judiciales continúan. Como Luisito es muy hábil, sus dichos no resultan punibles, aunque sean muy claros.

Pero lo que enmascara este bandido es que todos sus pares hoy en la cárcel no lo están por ser gremialistas sino vulgares ladrones, y no hay aquí una persecución política, como claman desde Milagro Salas y Luis D’Elía a Cristina Elisabet Fernández, que mandó a La Cámpora a expresar su apoyo a los preocupados “Gordos”. Todos estos han esquilmado a sus representados y, en los casos de Marcelo Balcedo y Víctor Santamaría, se transformaron en empresarios de medios de prensa para utilizarlos como escudo; lo mismo hicieron, en su momento, Cristóbal López, Rudy Ulloa Igor y Gerardo Ferreyra, que debieron cerrarlos cuando, con la caída del kirchnerismo, se cortó el acceso a los fondos ilimitados de la pauta publicitaria oficial.

Toda esta movida coincide en el tablero de comando con algunos factores complicados: la inflación, que no cede; la necesidad imperiosa de cerrar los aumentos salariales del año en términos mesurados, es decir, sin reflejar en ellos expectativas pesimistas; y el tratamiento legislativo de la poco ambiciosa reforma laboral que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso. Es natural entonces que todos –incluidos los bienintencionados- nos preguntemos si estamos sólo ante una serie de movimientos tácticos para obligar a los dirigentes sindicales a “portarse bien” o, por el contrario, ante un verdadero y definitivo cambio en nuestra cultura sociopolítica tradicional.

La libertad concedida por la Cámara Federal a Amado Boudou, que estaba en prisión preventiva desde hace dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que está procesado y en juicio oral por haberse apropiado de la “máquina de imprimir billetes”, da una pésima señal a los descreídos. Porque, a pesar de que muchos lo ignoran, en el caso de los funcionarios públicos, donde la carga de la prueba se invierte, son ellos los que deben demostrar que han obtenido sus fortunas legítimamente. ¡Teléfono para Cristina Kirchner!

Además, deja en evidencia que en la Argentina hay dos “justicias” diferentes: una, correcta, que utiliza el Código Procesal y privilegia el principio de inocencia y permite que los encartados transiten los procesos en libertad hasta el dictado de sentencias definitivas; y otra, caníbal, que sólo busca venganza y en la que todos los cimientos del derecho de la civilización occidental, incluida la irretroactividad de la ley penal, se ignoran para mantener en prisión preventiva a centenares de ancianos enfermos por lapsos que, en muchos casos, superan los diez años (el máximo legal es de dos, prorrogable fundadamente por sólo uno más). Los argumentos garantistas utilizados por los magistrados ahora para beneficiar el ex Vicepresidente –imposibilidad de alteración de las pruebas e inexistencia de peligro de fuga- ¿no son aplicables a los presos militares?  

¿Irán las organizaciones sociales y de izquierda a “escrachar” al ex Vicepresidente a su inexplicable piso de Puerto Madero o al nuevo de Barracas, como hicieron con el Comisario Miguel Etchecolatz, a quien concedieron la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a pesar de sus 88 años y del cúmulo de dolencias que padece?  Porque, siendo de público y notorio conocimiento que Amado Boudou fue miembro esencial de la asociación ilícita que saqueó el país hasta la extenuación durante la década más favorable para la economía nacional en más de un siglo, algo debería motivarlas a actuar, ya que dicen representar a los excluidos y a los pobres que sufren en carne propia –en falta de educación, alimentos, salud, vivienda, pavimentos y cloacas- la falta de esos cuantiosos dineros robados.

Nuevamente, el verano será caliente, y no sólo por las altísimas temperaturas que estamos soportando en Buenos Aires: en febrero, comenzarán, conjuntamente con la actividad judicial a pleno, las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para trata algunos proyectos de ley, digamos, menores; pero en marzo es probable que veamos otra vez conflictos callejeros, cuando comience a tratarse la reforma laboral. ¡Ojalá hayamos madurado para entonces!


Bs.As., 13 Ene 18

sábado, 6 de enero de 2018

Vergüenzas tempranas





Vergüenzas tempranas


“Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, 
muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella”. 
Juan Luis Vives

El desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar “Caballo” Suárez, el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega, Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por inexistentes razones de salud.

Más allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos: las probables razones crematísticas de la concesión de este injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos ancianos que pueblan las cárceles del país.

La semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí, por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que fue relevado a su respecto.

Como siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME), Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los corruptos con los aviones!

Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel “Pata” Medina y Omar “Caballo Suárez”, amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro camionero tanto se parece.

Pero también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de “Sueños Compartidos” y la “Universidad de las Madres”.

El escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya deberían haber al menos prestado declaración indagatoria –una medida de defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra (Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje gatopardista y el nuevo poder  protege a sus amigos y parientes. 

Contribuye a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000 millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral. ¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar cuando era funcionario?

Margarita Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar –y tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.

Por último, entre los episodios raros de esta semana también merecen figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia, que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa continúe caratulada como “desaparición forzada”. ¿Será que pretenden sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar detalladamente sobre el tema? 

Como se ve, en el área del Poder Judicial –Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.

¡Ojalá los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!


Bs.As., 6 Ene 18