sábado, 9 de diciembre de 2017

Futuros Tsunamis



Futuros Tsunamis

“Del triunfo al fracaso no hay más que un paso. Lo he visto en los asuntos más 
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos”. 
Napoleón Bonaparte

Como era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.

Mauricio Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.

Los colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar pagar un alto costo político.

Pero, como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la leona destronada.

Por televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la tragedia del “San Juan”), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque (imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta, Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.

Pero lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar, como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.), corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.

En otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las actuales autoridades.

El escándalo Odebrecht (“Lava Jato”) está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA), Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo que tanto nos caracteriza seguirá imperando. 

Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables; pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de nombrar y remover a los jueces.

Como sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino “San Juan”, en el terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales, continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración descontrolada.

Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel (“los grandes hechos y personajes de la historia se repiten”), agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los ciudadanos a obtener un “carnet de la Patria”; el nuevo documento resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere cada día.


Bs.As., 9 Dic 17

viernes, 1 de diciembre de 2017

Sainete nacional




Sainete Nacional

“Me dijeron que en el reino del revés …
un ladrón es vigilante y otro es juez”
María Elena Walsh

El Gobierno y la Armada confirmaron lo que intuíamos: ya no es posible que los tripulantes del ARA “San Juan” sean encontrados con vida, aunque se seguirá intentando localizar la nave. A sus familiares y a toda hombres de mar expreso el profundo dolor que me embarga; rezo a Stella Maris por el eterno descanso de sus almas.

¡Ay, Tato Bores, qué falta nos haces! La Argentina sigue dando que hablar al mundo entero, como siempre lo ha hecho; antes, por nuestra reconocida cultura y nuestro potencial económico, ahora y desde hace varias décadas, por lo asombroso de nuestra decadencia, producto de un suicidio colectivo que parece no terminar. Es natural, toda vez que no hemos dejado nada sin trastocar, ensuciar o destruir.

El el mismo H° Senado de la Nación que albergó figuras tales como Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini, Nicolás Avellaneda y tantos otros ciudadanos ilustres, ratificó su condición de aguantadero de peligrosos y reincidentes delincuentes cuando juraron –“por Dios, por la Patrias”- entre quienes fueron electos en octubre, Cristina Elisabet Fernández, Carlos Saúl Menem y Adolfo Rodríguez Saa. ¡Que trío de joyitas!

La renovada legisladora arrastra ya tres procesamientos firmes por corrupción, y está muy cerca de recibir otro, nada menos que por traición a esa Patria por la que juró. Menem soporta una condena, confirmada en doble instancia, por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia; no está firme porque la Corte Suprema aún tiene a estudio un recurso del ex Presidente y, mientras se pela las pestañas, lo habilitó para reasumir como Senador; para colmo de vergüenza, fue el encargado de izar la bandera nacional en el acto. Y el último, “el Adolfo”, viene de dar vuelta la elección que había perdido en su eterno feudo mediante el sencillo procedimiento de hacerse con un millonario subsidio, otorgado por su hermano el Gobernador de San Luis, con el cual adquirió públicamente electrodomésticos para comprar votos. 

En el sur del país, otro catastrófico Juez federal, Gustavo Villanueva, ordenó a las fuerzas de seguridad retirarse de un parque nacional usurpado por los falsos mapuches del RAM, con lo cual éstos pudieron modificar el escenario del último enfrentamiento armado, que costó la vida a un joven compañero de ruta de los invasores. Este episodio no debería sorprendernos porque otro magistrado –Gustavo LLeral- permitió, hace un mes, que los enmascarados okupas palparan de armas a los efectivos federales antes de habilitarles la entrada a otro campo “recuperado”, donde murió ahogado Santiago Maldonado.

Luego, el Obispo de Bariloche, Mons. Juan José Chaparro, convocó a ¡las partes! a un diálogo de paz, equiparando al Estado Nacional con la banda armada, ladrona y asesina, que amedrenta a los pobladores de la zona y quema estaciones de tren y pozos petroleros. Hasta la propia madre del último fallecido, una verdadera mapuche y –como la enorme mayoría- ciudadana pacífica, dijo que habían lavado el cerebro a su hijo y rechazó las ceremonias fúnebres que pretendía organizar el RAM durante cuatro días.

Debemos recordar que, de la marcha convocada para protestar por esta última muerte, quedó una repugnante pintada en la pared del Cabildo, “44 menos”; si algo faltaba para calificar definitivamente a estos mal paridos, su alegría por la desaparición de los marinos resulta suficiente.

Mauricio Macri, finalmente, verbalizó un claro respaldo a la posición de Patricia Bullrich, Ministro de Seguridad, firme en la defensa del accionar de las fuerzas de seguridad federales, que no pueden ser puestas en pie de igualdad con quienes desconocen la soberanía argentina sobre las tierras “sagradas” que, dicen, les pertenecían ancestralmente y que pretenden la escisión de las mismas respecto a la Argentina y a Chile.

Con esa correcta actitud, el Gobierno anotició a la ciudadanía que se dispone a enfrentar, con toda la fuerza del Estado, el peligroso foco subversivo que, con apoyo y financiamiento de las organizaciones guerrilleras latinoamericanas y de los narcotraficantes, se está instalando en el sur. A quienes pretendan minimizarlo por el escaso número de los integrantes del RAM, les sugiero estudien cuántos miembros del ERP actuaron en 1974 en Tucumán, pretendiendo que se reconociera el territorio que ocupaban como un estado beligerante, o sea, en guerra con la Argentina.

Pero todo esto se da en el marco de importantísimas reuniones internacionales que se llevarán a cabo aquí hasta noviembre del año próximo, cuando se den cita los líderes de los países que integran el G-20. Cada vez que ello ocurre en algún lugar del mundo, las agrupaciones anarquistas y antisistema desatan un aquelarre de violencia, que sólo se logra controlar cuando entran en acción los ejércitos y las policías de las naciones anfitrionas. Me pregunto con qué elementos podremos garantizar la seguridad de esos encuentros si, como se ha visto en estos días, permitimos que periodistas bastardos los cubran permanentemente con un manto de sospecha, amén de mantener encarcelados a quienes el Estado les encomendó esa misma tarea hace ya cuarenta años.

El miércoles fueron dictadas las sentencias en la causa ESMA, el proceso más amañado de todos aquellos denominados “de lesa humanidad”. Fueron condenados a cadena perpetua muchos oficiales que, a la sazón, contaban poco más de veinte años y a los cuales sus superiores les ordenaban la detención de los subversivos para luego entregarlos en los diferentes centros de encarcelamiento. Es completamente ridícula la teoría utilizada por los jueces para condenarlos, ya que es impensable que personal que revistaba en los grados inferiores del escalafón militar tuviera algún poder de decisión sobre la represión.

En el tema de los derechos humanos, el Gobierno está en deuda con la sociedad, en la medida en que el propio Presidente se comprometió a terminar con el “curro” montado a su alrededor, sobre todo a través de las aún oscuras y ocultas indemnizaciones multimillonarias pagadas a los terroristas y sus familiares, pero también en relación al nulo reconocimiento a las víctimas civiles del accionar de las organizaciones ilegales y la indispensable revisión de las causas judiciales armadas para concretar la venganza contra los vencedores militares de la guerra de los 70’s.

A la escena tragicómica nacional se sumaron los gremios docentes que, insólitamente, se resisten a que se conviertan en universidades los actuales institutos de formación, algo que logró en Ecuador su admirado “socialista del siglo XXI”, Rafael Correa. Pero la foto de los cabecillas quejosos (Roberto Baradel y Hugo Yatsky), que ya decretaron una huelga en el tramo final del ciclo lectivo, revela la clara intencionalidad política de este contrasentido, toda vez que son acérrimos seguidores de Cristina Kirchner.

Como se ve, María Elena Walsh fue sólo una adelantada cuando escribió “El reino del revés”.


Bs.As., 2 Dic 17

viernes, 24 de noviembre de 2017

Siniestros Profundos



Siniestros Profundos

“La paz duerme a la sombra de las espadas”. Jorge Fernández Díaz

El alma de la Argentina está hoy sumergida en el Atlántico, a bordo del submarino “San Juan”, integrante de nuestra gloriosa Armada, y reza a Stella Maris por el ya improbabilísimo rescate o por el eterno descanso en las profundidades de estos cuarenta y cuatro héroes, inevitables víctimas de sucesivas y suicidas políticas sistemáticas de destrucción de nuestras fuerzas armadas, que mantienen al país inerme y de rodillas.

Ya desde el gobierno de Raúl Alfonsín, se comenzó a denostar a todo aquél que vistiera el uniforme de la Patria, y Carlos Menem, en nombre del achicamiento del Estado, profundizó el proceso de pauperización en materia de equipamientos de combate, que se fueron convirtiendo en obsoletos e ineficientes, cuando no literalmente inútiles; mientras, se desperdiciaban y perdían algunos notables desarrollos netamente argentinos, como el misil “Martín Pescador”, el tanque TAM y los aviones “Pucará”, “Pampa” e “IA63”, que hoy permitirían proteger nuestras porosas fronteras.  

El abyecto Congreso de la Nación cometió, a pedido de Néstor Kirchner, un magnicido contra la Constitución Nacional cuando anuló los indultos dispuestos por Menem y cuando sancionó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final promulgadas en la época de Alfonsín.

Mientras él y su viuda conseguían que la izquierda más imbécil los pusiera a salvo de cualquier cuestionamiento, desataron una siniestra campaña de estigmatización y venganza contra quienes, habiendo triunfado militarmente en la guerra contra el terrorismo y evitado así el triunfo comunista que nos hubiera transformado en Cuba, resultaron derrotados en la paz por la cobardía y la estupidez de las cúpulas militares; contaron para ello –y aún lo hacen- con instrumentos tales como jueces canallas, abyectos periodistas y el hipócrita y cómplice silencio de la sociedad: más de dos mil ancianos presos políticos, de los cuales casi quinientos han muerto en cautiverio, son la irrefutable prueba de esta afirmación.

La historia reciente de las catástrofes de la Armada –la fragata “Santísima Trinidad”, hundida en puerto- y de la Fuerza Aérea –que carece de aviones por las caídas- y lo que puede haber sucedido con el “San Juan” ameritan un análisis desde puntos de partida diferentes, pero con similares derivaciones. Me refiero, obviamente, a la infamia que significa la negación de todo derecho a esos presos, y al sideral saqueo disfrazado de proyecto político; de éste, las pústulas a la vista me eximen de detallados inventarios.

Porque hay una pregunta que queda flotando en el aire: ¿en cuánto coinciden las causas del crimen de Once y del trágico destino del submarino? Las redes, en estos días, viralizaron la filmación de la botadura de la nave en 2014 después de su refacción en el complejo CINAR-Tandanor y el infaltable discurso triunfalista de Cristina Elisabet Fernández. La negativa a encomendar esa tarea a sus constructores alemanes o a la Armada brasileña, ¿obedeció a la compulsión cleptómana?; las baterías colocadas, ¿estaban en buenas condiciones o sólo se las facturó como tales? Abona estas especulaciones un hecho: la Juez federal de Caleta Olivia caratuló la causa penal ya abierta como “investigación de hecho ilícito”, y ordenó la preservación de toda la documentación referida a las tareas realizadas; cientos de testigos -obreros, técnicos y profesionales del astillero- permitirán iluminar el tema.

Si así fuera, deberíamos preguntarnos si no es hora de reimplantar la pena de muerte para aquéllos que resulten condenados por traición a la patria, y comenzar a juzgar ya mismo a la ex Presidente y a sus sucesivos ministros de Defensa, entre los cuales descuellan Agustín Rossi y Nilda Garré, por las responsabilidades directas que hubieran podido tener en este drama que, seguramente, ha costado la vida a 44 jóvenes compatriotas. Para nuestra vergüenza, la última preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados; aunque, en realidad, no me explico mi propio asombro, toda vez que Julio de Vido, responsable directo de lo sucedido en materia energética en el país y de las terribles derivaciones sociales y económicas de ese desastre, producido sólo por el afán de robar, presidió hasta su detención la Comisión de Energía de la misma Cámara.

Y el otro ángulo tiene que ver con la nula reacción de la sociedad y de la clase política que, salvo contadísimas excepciones, ha mantenido un inexplicable silencio frente al drama que se vive en el mar; en especial, porque contrasta brutalmente con el escándalo mediático montado alrededor del caso Maldonado, con el cual se pretendió -¡otra vez!- destruir a la Gendarmería Nacional. ¿Dónde están las manifestaciones en Plaza de Mayo reclamando por los marinos del “San Juan”?, ¿qué dice Estela de Carlotto, que se fotografiaba en París mientras reclamaba internacionalmente por el presunto secuestro y eventual asesinato del hippie tatuador? ¿Dónde están los diputados que se colgaban del cuello su foto, que no aparecieron desde que se perdió contacto con la nave?

Hoy, cuando ya no queda duda alguna de que éste simplemente se ahogó en el río y nadie lo “plantó”, su familia y las organizaciones de pseudo derechos humanos –CIDH incluida- siguen insistiendo en la desaparición forzada mientras acompañaba una “pacífica” actividad de los “jóvenes idealistas” mapuches, los mismos que queman viva a la gente, colocan bombas e incendian camiones y estaciones de tren en la Argentina y en Chile.

Afirmé hace tiempo que en el sur argentino se registraba la presencia de las bandas guerrilleras más peligrosas de Sudamérica: el Sendero Luminoso peruano, las FARC colombianas, los colectivos chavistas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR chilenos; todo eso ya está probado en las causas judiciales que se instruyen a ambos lados de la cordillera. No me sorprendería que aparecieran también pruebas de vinculaciones con el MTP, esa fracción remanente del ERP que intentó tomar a sangre y fuego el regimiento de La Tablada en enero de 1989, en plena democracia.

¿Seguirán nuestras autoridades rindiendo homenaje y tirando flores a los terroristas “buenos” de los 70’s mientras condenan a los “malos” actuales de Europa y Estados Unidos? ¿Qué piensan de Facundo Jones Huala –y cuándo lo deportarán- y a sus asesinos del RAM?; ¿son  “buenos” o “malos”? ¿Considera el Gobierno que la actividad de estos falsos mapuches pone en riesgo la soberanía nacional? Si continúa la persecución a los militares, la Patagonia terminará siendo entregada como “territorio sagrado”.

La Argentina está absolutamente indefensa, y tiene fronteras totalmente lábiles, atravesadas por traficantes de personas y de drogas y por terroristas y criminales de todos los colores, incluyendo su plataforma continental, que es permanentemente invadida por pesqueros que saquean nuestros recursos ictícolas. Debemos reflexionar, como pidió Lilita Carrió, acerca de si necesitamos o no de fuerzas armadas y, en caso de respuesta positiva, generar ya mismo una política de Estado tendiente a su reequipamiento progresivo para garantizar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional.

¡Hoy, escuchando el toque de silencio, todos deberíamos ser los marinos del “San Juan”!


Bs.As., 25 Nov 17 

sábado, 18 de noviembre de 2017

Saqueos y Ventiladores




Saqueos y Ventiladores


“Un verdadero príncipe, un gobernante que se precie de tal, debe ofrecer 
la vida antes que entregar la dignidad de sus súbditos y la suya propia”. 
Federico Andahazi

Ninguno de nosotros –a esta altura, ni siquiera el 20% que la votó en todo el país en octubre- considera a Cristina Elisabet Fernández una verdadera princesa, ya que ha dado acabada pruebas de privilegiar sólo su interés, personal y pecuniario, antes que los de la Patria o, inclusive, a su partido político y, menos aún, que los de quienes robaron para la familia Kirchner durante décadas, en la Provincia de Santa Cruz y en todo el país más tarde.

La Argentina, más allá de los inesperados y exitosos acuerdos que consiguió suscribir el Gobierno el jueves con los gobernadores y con la CGT, está inmersa en una situación económico-financiera sumamente complicada: necesita endeudarse en el exterior para sostener el imprescindible gradualismo (30% de los habitantes son pobres) en el ajuste por la debilidad del ahorro interno, tiene una de las más altas tasas de inflación del mundo, para intentar controlarla el Banco Central sube las tasas de las LEBAC a límites enormes, la presión impositiva es desmesurada, el costo laboral y previsional nos impide ser competitivos, el Estado tiene un déficit que alcanza al 10% del PBI, el colapso de la infraestructura vial y ferroviaria incide gravemente en los costos internos, y sobran en todas las administraciones públicas más de un millón de empleados, a los que no se puede despedir mientras no haya quien los absorba.  

Ese panorama, como es lógico, está incidiendo en la falta de inversiones genuinas, esas que inocentemente esperabamos como una lluvia. Sin ellas, resultará imposible que la Argentina crezca a un ritmo que le permita reducir el porcentaje de deuda en relación al PBI, colocando al país en una zona de gran vulnerabilidad ante la eventual aparición de “cisnes negros” en el mercado internacional; el default de Venezuela, ¿será uno de ellos?

Ante esa combinación de factores negativos me pregunto cuánto ha incidido en ellos la feroz rapiña a que fue sometida la Argentina durante los últimos años. Si recordamos que durante la década pasada ingresaron en las arcas públicas nada menos que US$ 970 mil millones, y que el país quedó en ruinas, tendremos al menos una respuesta parcial. Sería suficiente pensar cuánto nos costó la ambición de Néstor Kirchner de quedarse con YPF en materia de pérdida del autoabastecimiento energético y, consecuentemente, en la enorme cantidad de esenciales divisas que nos hemos visto obligados a dilapidar para importar gas y electricidad, y de perpetuarse en el poder a través del más impúdico clientelismo,

Pero no basta, porque día a día aparecen nuevos chancros expuestos que muestran hasta qué punto llegó el saqueo. Veamos algunos ejemplos que permiten una aproximación: los fondos desaparecidos de Santa Cruz; la mina de carbón de Río Turbio; los negociados con Hugo Chávez con bonos de deuda argentina; los inexistentes caminos y centenares de propiedades a nombre de Lázaro Báez; la venta fraudulenta de dólar futuro; el lobby de las constructoras encabezadas por Skanska y Odebrecht; la explosión del juego y la tolerada evasión impositiva de Cristóbal López; la penetración del narcotráfico gracias a la sociedad con Cristina y su gerente Anímal Fernández; los US$ 50 millones en propiedades en Miami del “valijero” y secretario presidencial Daniel Muñoz; “Sueños Compartidos” y la Tupac Amaru; Fútbol para Todos; los sobreprecios en los cargamentos de gas licuado; el enriquecimiento de Ricardo y Pablo Barreiro, Osvaldo Sanfelice y Martín Aguirres; el negociado de Ciccone; las cadenas de hoteles de los Kirchner y Relats; Rudy Ulloa Igor y su transformación de cadete en empresario de multimedios; la apropiación de tierras fiscales en Calafate; la malversación de subsidios en la Secretaría de Transportes (colectivos y ferrocarriles) y en el INCAA; el brutal incremento de la pauperización y su consecuencia en el crecimiento de los asentamientos y villas de emergencia; el latrocinio en el PAMI y en IOMA; las cajas fuertes de Florencia Kirchner; las montañas de dinero pesadas en “La Rosadita”; el gran abanico de medios de prensa sostenidos exclusivamente por la publicidad oficial; la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo; los viajes de personajes en aviones privados y el transporte de diarios y medialunas a Río Gallegos en los Tango; etc., etc..

¿Cuál fue el costo para el país de la disparatada guerra contra el campo que abortó por el voto “no positivo” de Julio Cobos? ¿Cuánto se robó con las indemnizaciones a los terroristas y a sus familiares? ¿A cuánto alcanzan los saldos de las cuentas de Cristina y su familia en las islas Seychelles y otros paraísos fiscales? ¿Cuánto nos costó y qué objetivo real tuvo la expedición de Guillermo Moreno a Angola?; ¿fue, como creo, para cambiar las montañas de billetes de € 500 que juntaba Néstor, para acariciarlos y entrar en éxtasis, por diamantes africanos? Sin duda, otra vez estamos hablando de miles de millones de dólares.

Tal como algunos suponían y pocos esperaban, la sucesión de prisiones preventivas decretadas contra ex funcionarios de primer nivel del kirchnerismo ha provocado pánico entre los afectados, en especial porque el ánimo de todos ellos se vio francamente perjudicado por la falta total de solidaridad de la “noble viuda”; en la medida en que varios de quienes ahora viven atrás de las rejas han involucrado –como lo hizo ella misma- a sus propios hijos en la comisión de un sinnúmero de delitos gravísimos (lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y complicidad en la corrupción, etc.), la preocupación de cada uno se ha incrementado exponencialmente.

Ya vimos “arrepentirse” a personajes menores como Leonardo Fariña y Federico Elaskar, pero ahora se han sumado Alejandro Burzaco y Alejandro Vanderbroele, que han comenzado a hablar de los negocios de Cristina y su hijo Máximo, de Amado Boudou, de Ricardo Echegaray, de Juan Manuel Abal Medina, de Gabriel Mariotto, de Julio Grondona y de Gildo Insfrán. Julio de Vido amenaza epistolarmente contar lo mucho que sabe y, seguramente, lo seguirán Lázaro Báez, tan pronto la remolona Justicia se lleve puestos a sus hijos, y Luis D’Elía y el propio Anímal Fernández, transformados en las más llorosas viudas de don Néstor. En esta materia, todo lo que leemos diariamente en la prensa no ha hecho más que empezar, y en Comorodo Py, con el despido de Eduardo Freiler, se respira un aire levemente más puro.

Con certeza, las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza se seguirán poblando de delincuentes como los descriptos, pero no podemos ni debemos resignarnos a que ése sea el único costo que deberán pagar. Es imprescindible que devuelvan las inmensas fortunas que han robado, para que sirvan para paliar, al menos en parte, el monumental daño que su accionar ha generado en términos de pobreza, miseria y costo argentino. De acuerdo con la definición del Tratado de Roma, el kirchnerismo cometió un verdadero genocidio, como bien saben los qom y los wichis.

En estos días, está circulando por las redes una versión que atribuye al insólito e inexplicable viaje a Europa de Alicia Kirchner, Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, que se encuentra en crisis terminal, el propósito de buscar y negociar asilo político para su cuñadísima y sus hijos. Estoy convencido que se trata de un disparate, toda vez que hoy ningún país otorga protección a los acusados de corrupción; Alberto Fujimori, ex Presidente del Perú, fue extraditado por Japón, pese a ser ciudadano también de ese país, y hoy se pudre en una cárcel de Lima.

Las excepciones, claro, son los falsos paraísos comunistas de Venezuela  y Cuba, pero no me parece que, con las veleidades que la caracterizan, Cristina se muestre proclive a residir en ellos, donde le resultaría imposible exhibir sus joyas y sus exclusivas carteras Louis Vuitton.


Bs.As., 18 Nov 17

sábado, 11 de noviembre de 2017

“Fayando y fayando”



“Fayando y fayando”*

“Nos envejece más la cobardía que el tiempo. El tiempo sólo arruga la piel. El miedo arruga el alma” Facundo Cabral

 

Hoy la Justicia ocupa el lugar central de la vidriera donde se exhibe lo peor de la Argentina, tanto por el enorme desprestigio que la rodea, cuanto por la discusión acerca de las reformas necesarias. Las responsabilidades alcanzan a los tres poderes del Estado, y su buen desempeño, con independencia, seriedad y celeridad, resulta esencial para nuestra propia convivencia como sociedad y para la inserción de nuestro país en el mundo, con la consecuente llegada de indispensables inversiones: para que la incidencia de la deuda pública en el PBI descienda, éste debe crecer y, por otra parte, el millón de empleados públicos que sobran sólo podrán ser despedidos cuando la actividad privada pueda absorberlos.

El inventario de los males que la aquejan incluye la modificación kirchnerista del Consejo de la Magistratura, la nefasta aceptación de la renuncia de los magistrados cuestionados, el inicuo comportamiento de los jueces federales, el enriquecimiento inexplicado de algunos, la falta de preparación de otros, la colonización del fuero penal por la escuela garantista (herencia de Zaffaroni), la industria de los juicios laborales, la enorme duración de los procesos, el colapso edilicio y la falta de equipamiento informático, el nepo/amiguismo en el ingreso del personal a la carrera judicial y varios etcéteras.

Una vez más, y por razones cada vez más repugnantes, ha vuelto a ser cuestionada. Regresó a la picota por obra del Juez Ariel Lijo y su orden de detención del ex Vicepresidente, Amado Boudou. En la nota anterior, “Punteros, malandras y porongas”, ya expresé mi opinión sobre el tema, pero la difusión de las imágenes y filmaciones captadas durante el procedimiento ha suscitado una discusión que amerita otro análisis, ya que una parte de la ciudadanía y del periodismo se rasgó las vestiduras frente a la presunta e humillación a la que habría sido sometido el reo -se trata de un delincuente común, cómplice y testaferro del régimen saqueador que acaba de pasar a la historia- cuando se lo vio en piyama, descalzo y despeinado, mientras se le leía la orden de prisión.

Comenzó una polémica, amplificada en las redes sociales, acerca de la eventual violación de los derechos humanos del imputado, y otra vez se reveló nuestro costado más hipócrita. Nada se dijo de los perjuicios directos que este incansable ladrón causó a los más humildes y desprotegidos de nuestros conciudadanos, muchos de los cuales siguen descalzos –hace poco tiempo se viralizó la fotografía de un chico en un colegio rural, sin zapatos, mientras portaba la bandera- sino que se olvidaron las situaciones, mil veces más graves, que afectan a los militares y civiles presos, muchos sin condena firme, desde hace tantos años.

Los recientes presos por corrupción, mucho más jóvenes, son trasladados al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde pueden comprobar en carne propia la precariedad de las instalaciones y de los servicios que allí se brindan; pero los antiguos huéspedes son ancianos cuya edad promedio supera los 76 años y presentan patologías de toda índole, incluyendo numerosos de casos de cáncer terminal, están casi ciegos o paralizados.

Entre los muchos casos que fueron llevados en penosas condiciones a los tribunales que los juzgan en los procesos mal llamados de “lesa humanidad”, hombres de edad muy avanzada, algunos de los cuales se encuentran afectados por males de Alzheimer y Parkinson, los más emblemáticos fueron los del General Antonio Bussi y del Comisario Luis Patti. Además de recordar que fueron elegidos por sus vecinos varias veces como Gobernador de Tucumán e Intendente de Escobar, respectivamente, fueron obligados a comparecer estando cuadripléjicos; sus penosas fotografías en camilla recorrieron el mundo y, sin embargo, no hubo queja alguna de parte de los organismos de pseudo derechos humanos, ni se levantó una sola voz desde la política que se refiriera a ellos. Ahora, muerto el primero y cuando los jueces decretaron la prisión domiciliaria del segundo, se organizan escraches para repudiarlo; ¿se necesita alguna muestra más de la tuerta mirada de esas organizaciones? Pero no fueron los únicos episodios aberrantes de este largo período de venganza caníbal que se desatara a partir de la llegada del kirchnerismo al poder y que el gobierno de Cambiemos no ha hecho nada por interrumpir.

El mes pasado, desde el penal de Ezeiza fueron llevados a un tribunal de Bahía Blanca un grupo de detenidos; el traslado se efectuó en un camión celular, destartalado y sucio, a pesar de la avanzada edad –superaban los 82 años- y de las enfermedades de los imputados. Por la noche y durante doce horas, con las luces interiores encendidas permanentemente y las ventanillas cegadas, se los trató como ganado; entre otros comportamientos humillantes, el vehículo no se detuvo ni para que pudieran ir al baño –el existente en el interior estaba clausurado- y debieron utilizar en su reemplazo botellas provistas por los agentes penitenciarios. Tampoco hubo entonces queja alguna, ni reacción de la Secretaría de Derechos Humanos. El contraste con el trato brindado a los presos por corrupción, que incluyen traslados en avión y vehículos de alta gama, no puede resultar más repulsivo.

El otro aspecto de la cuestión Boudou se centró en la orden de prisión preventiva del ex funcionario. La ley establece que esa medida de privación de la libertad se debe decretar cuando existe peligro de fuga o se puede poner el riesgo la investigación; dada la edad de los militares y su falta de medios económicos, pensar que puedan escaparse sería una estupidez, y nadie podría alterar las pruebas en hechos ocurridos hace cuarenta años.

No puede exceder de los dos años, prorrogable por un año más si hubiera fundamentos. En el caso de los presos políticos, amén de otras aberraciones violatorias de todos los principios del derecho que sustentan el edificio de la civilización occidental -irretroactividad de la ley penal, juez natural, legalidad, principio de inocencia, etc.- esos límites han sido superados exageradamente. Para poner números concretos, hay que decir que el 76% no tiene condena firme, y el promedio de extensión de sus prisiones preventivas llega a los 6 años, aunque en algunos casos alcanzan a los 15; peor aún, 287 detenidos en esas circunstancias ni siquiera han llegado a juicio, o sea, nunca han sido declarados culpables de los crímenes que se le imputan.

Tengo esperanzas en que la reciente renuncia de la Procuradora General de la Nación, la inefable Alejandra ¡Giles! Carbó, que tendrá efecto a partir del 31 de diciembre próximo, y la reforma de la ley del Ministerio Público, en tratamiento hoy en el Congreso, permita el rápido desplazamiento de los innumerables impresentables disfrazados de fiscales con los que colonizó los tribunales, con la obvia complicidad de esos otros canallas, los jueces -verdaderos asesinos togados- que llevaron adelante los juicios de la venganza.  

¡Teléfono para Germán Garavano, Ministro de Justicia, y para Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos! No se puede ser acomplejado ni timorato, en especial cuando enfrente están los mismos que pretenden destituir al Gobierno y convocan a organizar comandos de resistencia sin que a nadie se le mueva un pelo.

Bs.As., 11 Nov 17

(*) De “Yira, yira”, tango de Enrique Santos Discépolo

sábado, 4 de noviembre de 2017

Punteros, malandras y porongas




Punteros, malandras y porongas

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”. Francisco de Quevedo

Debo el título de la nota a Jorge Ossona, catedrático en innumerables universidades, que publicó con ese mismo nombre y con el sello de Siglo XXI Editores, un indispensable estudio sobre la ocupación de tierras y los usos políticos de la pobreza en el conurbano bonaerense; le agradezco haberme inspirado y permitido utilizarlo.

Es que, en estas horas, han ingresado nuevamente a la pista central del circo argentino varios de los más tristes personajes de esta tragicomedia en que se ha convertido nuestra historia reciente. Me refiero, obviamente, a Amado Boudou, Luis D’Elía, Ariel Lijo, Julio de Vido y Sergio Maldonado y el cadáver de su hermano. Todos ellos, de un modo u otro, merecen entrar en una de las tres categorías inventariadas en el título.

El ex Vicepresidente de la Nación, el famoso Guita-rrita, llegó a las tablas semanales por su sorpresiva detención de la madrugada de ayer. Cuando los efectivos de la Prefectura Naval, por orden del Juez Lijo, lo despertaron y condujeron a tribunales, batió un record al transformarse en el primero en ir preso después de ocupar tan alto cargo. Su privación de libertad fue uno de los reclamos más fuertes de la sociedad, que veía en él el emblema de la impunidad, y no soportaba más su sonrisa triunfadora y su impúdica exhibición de lujos después de tantas denuncias que lo involucraban en hechos delictivos de todo tipo, desde la falsificación de los papeles de un auto y la permanente mentira sobre su domicilio, hasta llegar al robo de siete millones de pesos al sufriente pueblo de Formosa y a actuar como testaferro de la familia Kirchner en la apropiación de la máquina de imprimir dinero.

Claro que usted sabe, si ha tenido la paciencia de leer estas notas semanales que escribo hace ya trece años, que no lamento en absoluto lo sucedido, pero también sabe qué opino acerca de los indignos inquilinos de Comodoro Py, y la conducta de Lijo no ha hecho más que darme la razón. Tanto este magistrado cuanto su colega, Daniel Rafecas, fueron denunciados el lunes pasado ante el Consejo de la Magistratura por demorar por años los expedientes que involucraban a los grandes malhechores de la asociación ilícita gobernante; esa iniciativa correspondió al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a la agrupación Será Justicia, y se fundó en los resultados de una auditoría ordenada por el mismo Consejo.

Pues bien; sin conocer la resolución de Lijo que ordenó la detención de Boudou confieso que me llamó la atención que hubiera sido dictada contra un individuo que siempre estuvo a derecho, es decir, que no intentó evadirse y concurrió a los juzgados cada vez que fue citado y, a mayor abundamiento, se encuentra sometido a varios procesos orales. Lo extemporáneo de la medida hace que ésta huela a podrido y resulte atribuible a la necesidad del Juez de lavar su imagen, comprometida por sus vinculaciones con el suspendido camarista Eduardo Freiler, para intentar zafar del complicado brete en que se encuentra su carrera y, quizás, hasta su propia libertad.

De todos modos, sorprende que tanto Gildo Insfrán, Gobernador vitalicio de Formosa, y Ricardo Echegaray (ex jefe de AFIP) no hayan sido siquiera llamados a prestar declaración indagatoria en la causa que tanto complica a Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, es decir, la apropiación de Ciccone Calcográfica. Sin los dos primeros, el que pagó por un ¿asesoramiento? para que su Provincia negociara su deuda con el Ministerio de Economía de la Nación y el que otorgó las facilidades para el pago de impuestos que negó a sus anteriores dueños, toda la maniobra hubiera resultado imposible y, sin embargo, continúan ajenos al juicio.

Lo que sucedió ayer con Boudou me recordó al General César Milani, huésped del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, ahora procesado por enriquecimiento ilícito; como le dije a él mismo, está mal preso por los delitos que se le atribuyen y que se relacionan con los hechos ocurridos en La Rioja y Tucumán en los 70’s, pero está bien preso por ladrón y, sobre todo, por haber manchado el uniforme de la Patria al haber intentado poner al Ejército al servicio del proyecto clepto-político de Cristina Kirchner.

También reingresó a la pista central el payaso Luis D’Elía, el mamarracho que prestó apoyo solidario a Boudou en sus recientes desventuras, muy preocupado por su propia libertad, tan en juego por estos días. El piquetero enriquecido -¡uno más!- se lamentó públicamente por la soledad en que su jefa espiritual dejó a su antes ponderado funcionario; es más, con un fuerte exabrupto, exigió que Cristina encabezara un “comando” que saliera a combatir contra la embestida judicial que ha mandado a tantos de sus más conspicuos laderos a la sombra tumbera. ¿Qué tipo de resistencia imagina que podrá ejercer, si ella misma ya debiera estar presa? ¿No sabe, acaso, que hoy la única preocupación de la ex Presidente es conservar su libertad y la de sus hijos, y gozar de la incalculable fortuna que tienen en el exterior?

Por su parte, De Vido adquirió el derecho a participar del show con la carta que envió a los medios, en la que muy veladamente amenazó con empezar a contar lo mucho que sabe, y quiénes fueron los beneficiarios finales de todas las maniobras que, bajo su comando directo, se realizaron para vaciar todas y cada una de las cajas de dinero público posibles: gasoductos, redes de alta tensión, importaciones de energía, empresas vendidas o expropiadas, trenes y colectivos, rutas, caminos, puentes, represas, minas y hasta películas que nunca fueron exhibidas. Es que la soledad en que se encuentra este colombófilo, abandonado por todos, debe pesarle en exceso, después de haber sido el más eficiente saqueador para sus jefes. Si don Julio comienza a hablar, muchas cabezas públicas y privadas, tal vez algunas cercanas al poder actual, rodarán por el polvo, y será muy bueno para la República que así suceda, caiga quien deba caer.

Sergio Maldonado volvió a sufrir un revés en su patético intento de ofrecer el cadáver de su hermano en el altar de los falsos derechos humanos, cuando las pericias determinaron que no sólo el tatuador no había sufrido agresión alguna, sino que su cuerpo estuvo sumergido en el lugar en que fue encontrado durante todo el tiempo. Así, cayeron sucesivamente las imputaciones a la Gendarmería y al Ministerio de Defensa por la “desaparición forzosa” y hasta la teoría del “plantado” del cuerpo. Anhelo, sin ninguna esperanza, que pida públicas disculpas por su triste actuación, exprimida al máximo por delincuentes como Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Horacio Verbitsky y Eugenio Zaffaroni; de estos cuatro nada, porque los conozco demasiado.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que siente en la nuca el peligroso aliento de Elisa Lilita Carrió, fue apurado por el Presidente de la República y por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, por la morosidad del accionar del Poder Judicial y por el desprestigio social que lo acompaña. Reaccionó con furia, y atribuyó justificadamente esos males a la enorme cantidad de vacantes de jueces y a la falta de equipamiento acorde con la época; me pregunto por qué nadie dijera que el enorme presupuesto que maneja diariamente y que, seguramente, le permitiría adquirir los medios necesarios para dotar a los tribunales al menos de computadoras modernas.


Bs.As., 4 Nov 17 

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Inocencia Perdida



Inocencia Perdida

“Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos”. Mateo 10:16

El Poder Ejecutivo nacional –y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70’s y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.

Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!

Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.

Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el “club del helicóptero” para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.

Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la “desaparición forzada” en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.

El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.

En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía –pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.

Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.

Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados “jóvenes idealistas”, que asolaron el país hace cuarenta años.  

El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con “fines políticos”. ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.


Bs.As., 1 Nov 17