Con el fallo de la Corte, no hay qué festejar
Obviamente, me refiero al fallo de la Suprema Corte que otorgó a los no afiliados a los gremios únicos por actividad el derecho a representar a los trabajadores.
Pese a que, en principio, el fallo parece razonable, pues tiende a romper la hegemonía de los ‘caciques’ sindicales que se eternizan en los cargos, subidos a un aparato electoral interno que muchas veces, hasta con violencia, impiden el verdadero juego de la democracia, la resolución en cuestión produciría, de generalizarse, graves daños a la ‘gobernabilidad’ de las empresas y hasta del propio Estado.
En efecto; si ese único caso –como todos los que se zanjan en la esfera judicial- comienza a replicarse en todo el espectro laboral del país, nacerán infinidad de gremios y asociaciones menores con las cuales resultará imposible negociar una solución única por empresa o por actividad.
Como muestra del efecto que causaría, basta ver en estos días al Ministro de Educación porteño, inclusive al Jefe de Gobierno de la Ciudad, tratando de lograr un acuerdo con diecisiete (¡17!) sindicatos de maestros distintos.
Con toda la lógica de la vida sindical, los gremios con menor caudal de afiliados radicalizarán sus posiciones, para lograr mayores adhesiones, pese a que los sindicatos más grandes y representativos hayan arribado a una solución transaccional con su patrón, el Estado local.
Lo mismo sucedió el año pasado con los reiterados paros en los Subterráneos de Buenos Aires; a pesar de que Metrovías y UTA llegaban a reiteradas y sucesivas soluciones, los delegados de base –a los cuales el fallo de la Corte habilitará, en el futuro, a representar a los afiliados- desconocían el arreglo al cual se había arribado y continuaban con las medidas de fuerza, perjudicando a los ciudadanos en general.
Creo que la solución a este problema pasa, exactamente, por un camino contrario al elegido por la Corte.
Resulta innegable que la unidad en la representación sindical constituyó una formidable arma para los asalariados, puesto que les permitió negociar, de igual a igual, con los empleadores.
A la vez, también resulta innegable la baja estima en que la población en general tiene a los líderes sindicales, bañados –con algunas raras excepciones- en riquezas inexplicables, y perpetuados en el poder a través de los años, de los gobiernos y de los ciclos económicos.
No resulta ni el momento ni el lugar para hacer historia del sindicalismo argentino, pero a lo largo de las décadas estos jefes, haciendo uso y abuso de la acomodación política y de su capacidad de negociación y confrontación, se han ido transformando en los verdaderos dueños de Argentina.
¿No hemos visto, acaso, a Moyano violar todas las leyes y recibir abrazos del ‘matrimonio imperial’? ¿No hemos visto como, para lograr el apoyo de estos verdaderos ‘tiranos’ sectoriales, se les han ido entregando los recursos de las obras sociales y, con ello, la salud de los trabajadores?
Entonces, respetadísima Corte, lo que hubiera debido hacerse era, simplemente, ordenar el estricto cumplimiento de la ley vigente, democratizando –y controlando el proceso- la conducción de los gremios, pero sin romper la unidad de éstos.
No me refiero a la unidad de las eventuales confederaciones generales que existen o pudieran existir, ya que éstas, en todo el mundo, apoyan a determinados candidatos o a políticas específicas, con las cuales otras pueden no coincidir.
Mejoraría mucho la representación sindical y la actividad gremial si los procesos de elección de sus autoridades fueran claros, transparentes y democráticos, y resulta altamente contraproducente romper la unidad en esa representación.
Por todo ello, me permito no coincidir con el festejo al fallo de la Corte.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.-
Obviamente, me refiero al fallo de la Suprema Corte que otorgó a los no afiliados a los gremios únicos por actividad el derecho a representar a los trabajadores.
Pese a que, en principio, el fallo parece razonable, pues tiende a romper la hegemonía de los ‘caciques’ sindicales que se eternizan en los cargos, subidos a un aparato electoral interno que muchas veces, hasta con violencia, impiden el verdadero juego de la democracia, la resolución en cuestión produciría, de generalizarse, graves daños a la ‘gobernabilidad’ de las empresas y hasta del propio Estado.
En efecto; si ese único caso –como todos los que se zanjan en la esfera judicial- comienza a replicarse en todo el espectro laboral del país, nacerán infinidad de gremios y asociaciones menores con las cuales resultará imposible negociar una solución única por empresa o por actividad.
Como muestra del efecto que causaría, basta ver en estos días al Ministro de Educación porteño, inclusive al Jefe de Gobierno de la Ciudad, tratando de lograr un acuerdo con diecisiete (¡17!) sindicatos de maestros distintos.
Con toda la lógica de la vida sindical, los gremios con menor caudal de afiliados radicalizarán sus posiciones, para lograr mayores adhesiones, pese a que los sindicatos más grandes y representativos hayan arribado a una solución transaccional con su patrón, el Estado local.
Lo mismo sucedió el año pasado con los reiterados paros en los Subterráneos de Buenos Aires; a pesar de que Metrovías y UTA llegaban a reiteradas y sucesivas soluciones, los delegados de base –a los cuales el fallo de la Corte habilitará, en el futuro, a representar a los afiliados- desconocían el arreglo al cual se había arribado y continuaban con las medidas de fuerza, perjudicando a los ciudadanos en general.
Creo que la solución a este problema pasa, exactamente, por un camino contrario al elegido por la Corte.
Resulta innegable que la unidad en la representación sindical constituyó una formidable arma para los asalariados, puesto que les permitió negociar, de igual a igual, con los empleadores.
A la vez, también resulta innegable la baja estima en que la población en general tiene a los líderes sindicales, bañados –con algunas raras excepciones- en riquezas inexplicables, y perpetuados en el poder a través de los años, de los gobiernos y de los ciclos económicos.
No resulta ni el momento ni el lugar para hacer historia del sindicalismo argentino, pero a lo largo de las décadas estos jefes, haciendo uso y abuso de la acomodación política y de su capacidad de negociación y confrontación, se han ido transformando en los verdaderos dueños de Argentina.
¿No hemos visto, acaso, a Moyano violar todas las leyes y recibir abrazos del ‘matrimonio imperial’? ¿No hemos visto como, para lograr el apoyo de estos verdaderos ‘tiranos’ sectoriales, se les han ido entregando los recursos de las obras sociales y, con ello, la salud de los trabajadores?
Entonces, respetadísima Corte, lo que hubiera debido hacerse era, simplemente, ordenar el estricto cumplimiento de la ley vigente, democratizando –y controlando el proceso- la conducción de los gremios, pero sin romper la unidad de éstos.
No me refiero a la unidad de las eventuales confederaciones generales que existen o pudieran existir, ya que éstas, en todo el mundo, apoyan a determinados candidatos o a políticas específicas, con las cuales otras pueden no coincidir.
Mejoraría mucho la representación sindical y la actividad gremial si los procesos de elección de sus autoridades fueran claros, transparentes y democráticos, y resulta altamente contraproducente romper la unidad en esa representación.
Por todo ello, me permito no coincidir con el festejo al fallo de la Corte.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.-
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