sábado, 7 de junio de 2008

Importancia económica del español en Brasil

Enrique Guillermo Avogadro Abogado
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA

El Potencial Económico del Español
Mesa Redonda


Importancia Económica del Español en Brasil


He sido honrado por la Real Academia Española y por el Instituto Cervantes al ser invitado a participar, como Ponente, en este evento, por la actividad laboral que, como profesional hispano-parlante, registro en Brasil.

Por supuesto, y me disculpo por ello, carezco de los lauros académicos de los restantes integrantes de la Mesa, y sólo podré aportar a ella la experiencia práctica y los conocimientos derivados de mi trabajo en ese País durante los últimos veinticinco años.

Brasil es un País colosal, e inconmensurable en términos europeos, dada su superficie de ocho millones y medio de kilómetros cuadrados, que lo convierte en el quinto Estado del mundo en extensión. En ella, caben todos los países de Europa, y el Reino de España casi diecisiete veces.

Al mirar el mapa de América del Sur, vemos que Brasil limita con todos los países en ella ubicados, con las únicas excepciones de Ecuador y Chile. Esto, naturalmente, se ha ido convirtiendo en el primero y uno de los principales factores de la incontenible penetración de la lengua española en su territorio.

Pero esa incursión idiomática, por la gran concentración de la población brasileña (74%) en su litoral marítimo y, sobre todo, en las regiones Sur y Sudeste del País, donde vive el 60% de los habitantes, se produce básicamente desde Argentina, Paraguay y Uruguay. Ello así porque funcionan como verdaderas barreras las selvas que ocupan gran parte del territorio del País, especialmente en las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

Su población actual está estimada en 165 millones de habitantes -con una tasa anual de crecimiento del orden del 2%- lo que significa que un tercio de los habitantes del América Latina reside en Brasil y que el País es el 5° en términos mundiales. Esa población está compuesta, en un 63%, de menores a 29 años.

A diferencia de otros grandes naciones del mundo, Brasil habla una sola lengua en todo su territorio, con excepción de 170 idiomas diferentes que hablan las 227 etnias indígenas, compuestas por más de 320 mil indios que habitan en su mayoría en las selvas, muchas de ellos sin contacto alguno con la civilización.

Aún cuando esos datos en abstracto pueden –y es correcto que así lo hagan- dejar translucir la idea de una gran identidad común, en Brasil pueden distinguirse, con gran precisión, distintas zonas, distintos ‘brasiles’, con características raciales, culturales y económicas totalmente diferenciadas.

Así, el País puede ser dividido, a los fines de su análisis, en cinco regiones principales. El Norte, con gran influencia negra, reducido nivel cultural y escasos recursos económicos; el Nordeste, donde la original inmigración portuguesa sentó sus bases, y donde convive con una gran proporción de población de origen africano, en gran medida mestizada, que alcanza un mejor desarrollo económico y que ha generado ciertas pautas culturales propias y muy marcadas; el Sudeste, caracterizado por la presencia de las mayores ciudades de Brasil, tanto en importancia numérica cuanto como participación en el producto bruto nacional, donde la proporción de población blanca comienza a aumentar y donde se han establecido muy importantes polos culturales y artísticos; el Centro-Oeste, más despoblado, aún primitivo, marcado por su lejanía respecto al océano y poblado por verdaderos colonizadores del futuro Brasil; y finalmente el Sur, cuyas características más destacadas consisten, precisamente, en parecerse menos al Brasil que imaginamos, por la gran inmigración italiana y alemana que ha recibido.-

Las regiones donde el español tiene hoy más influencia son, obviamente, las regiones Sur y Sudeste, es decir los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo y Minas Gerais, respectivamente. En la región Centro-Oeste, esa presencia de nuestra lengua sólo es notada y, en realidad, poco, en el Distrito Federal, es decir Brasília.

Y las razones de esa influencia son distintas. En los Estados del Sur, se debe a la vecindad con las fronteras de Uruguay, Argentina y Paraguay, a la gran afluencia de turismo regional, a la presencia de fuertes colonias hispano-parlantes y a la similitud de las costumbres entre sus habitantes y los de los países vecinos; basta recordar la existencia de gauchos en los cuatro países. En los del Sudeste, por el contrario, las razones son básicamente económicas, ya que en ellos se concentra el corazón industrial, comercial, bancario y financiero de Brasil, y es en ellos que se han hecho presentes las mayores empresas españolas.-

Actualmente, podemos decir que el analfabetismo alcanza al 11% de la población brasileña entre los 15 y los 39 años de edad, ascendiendo al 31% entre la que supera los 40 años. Pero, en el 2000, 91% de los niños brasileños entre los 10 y los 14 años asistían a la escuela, y el analfabetismo entre esos mismos niños, en las regiones urbanas, ha descendido al 5%.

El 61% de los sitios de Internet latinoamericanos son brasileños, y acceden a la red 11 millones de personas, convirtiéndolo en el 8° país en el tema.

El arribo de Pedro Alvares Cabral a las costas brasileñas y la ocupación de su territorio en nombre de la corona de Portugal, en 1500, implicó para la lengua portuguesa el comienzo de su mayor aventura, y la posibilidad de una expansión sólo comparable a la realizada por España, con su idioma, en el resto de América.

Si bien la lengua española tuvo, desde el principio de la historia de Brasil, una importancia única, en razón tanto de la proximidad original de España con Portugal, cuanto por esa vecindad con los países hispánicos de América, es sólo con la firma del Acuerdo de Iguazú, en 1985, la ‘partida de nacimiento’ del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que esa importancia transciende las fronteras meramente culturales para caer, con inexorable ímpetu, en la economía.

La integración de Brasil con sus más próximos vecinos es el factor más importante de la difusión del español en ese País.

En la creciente interdependencia de los pueblos, reforzada por el tráfico de informaciones, personas y mercaderías y, en especial, en la expansión del comercio, el mismo Kant percibió una tendencia a favor de la asociación pacífica de los mismos. Eso, y no otra cosa, ha sido la consecuencia del establecimiento del MERCOSUR, que conlleva la desaparición paulatina de la desconfianza mutua. En términos históricos, hasta hace muy poco tiempo las hipótesis de conflicto con los vecinos era uno de los temas más importantes de las escuelas militares de todos los países de América Latina y, gracias debemos dar por ello, hoy han dejado de existir.

Luego, la transformación de España, a través de sus empresas, en el segundo inversor directo en Brasil, después de Estados Unidos, y en uno de sus principales socios comerciales, se ha convertido en el segundo factor importante en la difusión masiva de la lengua hispánica en ese País.

Hoy, compañías como Endesa, BBVA, Iberdrola, BSCH, Unión Fenosa, Telefónica, Dragados, ThyssenKrupp, Repsol y muchas otras más pequeñas, son gigantescas generadoras de empleos en Brasil, y el traslado de sus ejecutivos y gerentes ha hecho inexcusable la necesidad de conocer el idioma.

Cada vez más, y de ello dan cuenta acabada recientes informes tanto de la Embajada de España ante Brasil como del propio Instituto Cervantes, aumenta el número de academias y cursos de español en las ciudades brasileñas, en las universidades y colegios. Actualmente, 26 universidades públicas y 24 privadas ofrecen licenciaturas en español, y 750 escuelas enseñan español, y un universo potencial de 50 millones de alumnos.

A la vez, se ha firmado recientemente un protocolo entre los Ministerios de Educación de Brasil y de Argentina, que propone el intercambio de 4.000 profesores de español y un número equivalente de profesores de portugués, entre ambos países.

Toda esa actividad ‘comercial’ relativa al español está generando, en Brasil, un importante nicho de negocios. Pese a que, por la gran informalidad de la economía brasileña, resulta difícil medir con exactitud el volumen económico que esta difusión de la lengua conlleva, puedo afirmar que, sin ninguna duda, ha comenzado a ser grande, especialmente en el Sudeste, y se ha transformado en una significativa fuente de ingresos y de puestos de trabajo. Sin embargo, aún resta un largo trecho por andar para llegar a una real excelencia en la calidad de la enseñanza impartida, en términos generales.

Desde otro ángulo, resulta impresionante ver hoy, después de tantos años de trabajo allí, como la mayoría de las grandes librerías de Brasil tienen un muy importante espacio destinado a libros en español. Autores españoles, argentinos, mexicanos, y latinoamericanos en general, son leídos hoy, en gran medida, en su lengua original.

El tema obligado de mi participación en la Mesa es el aspecto económico pero, seguramente, y en la medida en que las mayores compañías editoriales de México y Argentina -principales ‘productores’ de libros de América Latina- pertenecen ya a capitales españoles, los datos referidos a la magnitud de las importaciones brasileñas de libros en español deberían poder suministrarlos con total precisión Planeta, Plaza & Janés, Santillana, Bruguera, Alfaguara, etc..-

Otro aspecto fundamental a destacar desde el punto de vista económico es la música popular, y la enorme magnitud de su comercio. Desde hace varios años, todos los grandes cantantes populares de Brasil han comenzado a incorporar a sus repertorios canciones en español, y grabado infinidad de discos con ellas, que se han vendido con gran éxito. Y digo que este aspecto es fundamental, porque da una pauta concreta de la difusión de la lengua española en este país, que tradicionalmente sólo ha consumido música en su propio idioma.

La indiscutible semejanza del español con el portugués, especialmente en su forma brasileña, actúa no como una ventaja sino, muy por el contrario, como un elemento que complica el verdadero conocimiento de la otra lengua.

Afortunadamente, tanto para el idioma portugués cuanto para el español, esa gran similitud entre ambas lenguas ha llevado a desarrollar algo que se parece a un hijo de ambas, el ‘portuñol’. Esta creación cotidiana, generada muchas veces por una cierta cortesía, facilita en innumerables oportunidades la comunicación diaria y, si bien podría pensarse que atenta contra la pureza de los dos idiomas, permite a éstos, en especial al español, un dinamismo que es la esencia de su vida.

Ello así por cuanto la ‘vida’ de una lengua depende, en enorme medida, de su capacidad de evolucionar, incorporando neologismos –verdadera creación de sus usuarios- que conllevan vientos siempre renovadores. Y digo que la evolución hace a la difusión, pues estoy convencido que la pretensión permanente de la pureza original y la marcada cerrazón a incorporar novedades ha conducido al idioma francés a la decadencia, medida en términos de expansión territorial.

Mi propio País –Argentina- o, en realidad, los habitantes de su capital, los ‘porteños’, padecemos de un complejo terrible en materia de idiomas que nos lleva, en general, a pretender hablar otras lenguas, desconocidas pero pretendidamente parecidas, con autoridad.

Ello se debe, estimo, a los orígenes nacionales de nuestra inmigración, por lo demás muy similar a la del sur de Brasil. Con ese País, nuestra mayor diferencia radica en la presencia allí de una gran población de origen africano, llegada en la época de la esclavitud, que marca aún hoy una presencia de la raza negra que, como ya dije, a partir de São Paulo hacia el norte, se hace cada vez más visible proporcionalmente y más influyente desde el punto de vista cultural y religioso.

Si pensamos en una antigua descripción de los ‘porteños’, de autor anónimo, podremos todos tener una somera idea acerca de qué estoy hablando. Dice que un ‘porteño’ es un italiano, que habla español, se viste como un inglés y cree que es francés.

Lo mismo sucede con el ‘portuñol’. A ambos lados de la frontera, y aún en las grandes ciudades, la cortesía y, a veces, la pretensión, llevan a que todos intenten hablar el idioma del otro, consiguiendo que ambas lenguas evolucionen, cambien y se mantengan vivas.

Al acompañar profesionalmente a empresarios y ejecutivos argentinos y españoles a Brasil, recomiendo siempre hablar el propio idioma, y hacerlo con cierta lentitud, para permitir una real comprensión entre los interlocutores. La creación de algunos neologismos, muchos de ellos literalmente inventados en el momento, impiden con frecuencia que el otro entienda qué estamos tratando de decir.

En general, los ejecutivos brasileños no hablan español, y con ello me estoy refiriendo a la inmensa mayoría. Sin embargo, lo entienden a la perfección y, en las reuniones de trabajo y bajo condición de hablarlo lentamente, nunca requerirán la presencia de una traductora. No recuerdo, en veinticinco años de actividad en Brasil, un solo caso en que la traducción simultánea haya resultado necesaria. Por lo demás, muchos de esos mismos ejecutivos recurrirá, a la hora de responder a un hispano-parlante, a ese ‘portuñol’ al cual ya me he referido.

En el ámbito mismo del MERCOSUR, y pese a que no existe una regla escrita al respecto, existe la tradición de no requerir la presencia de traductores simultáneos en sus reuniones, con el concreto objetivo de llegar a una cierta ‘lingua franca’ .

Por su parte, y con una cierta experiencia personal en el tema, ya que he asesorado a un buen número de empresas españolas en el comienzo de sus actividades en Brasil, tampoco los ejecutivos peninsulares que trabajan allí han desarrollado un acabado conocimiento del portugués, y lo mismo ocurre con los argentinos. Y entre ellos incluyo algunos amigos que, pese a residir en São Paulo hace más de treinta años, aún utilizan el ‘portuñol’ en sus tareas cotidianas y, aún más, han dejado de hablar correctamente su lengua materna.

Es menester recalcar, sin embargo, que para los brasileños resulta mucho más fácil de entender el español americano, en especial el argentino, que el de España. Y puedo afirmar que, en general, hasta les resulta más sencillo comunicarse con un argentino que con un portugués, por lo gutural de su habla.

Sin embargo, como dije, la muy marcada presencia actual de las grandes empresas de España, y de sus bancos, en Brasil redundará, tengo la más absoluta certeza, en un muy fuerte impulso a la difusión del español en ese País. No debemos olvidar, para evaluar esa opinión, que Brasil tiene una gran vocación imperial, históricamente puesta de manifiesto, de crecimiento geopolítico, en América Latina y en el mundo todo. El potencial del español en Brasil surge, entonces, de esa misma vocación, que obligará a los brasileños a conocer el idioma de todos sus vecinos, además de tratarse éste de la lengua internacional de mayor dinamismo y crecimiento cuantitativo mundial.

Un factor que creo importante destacar es el resultado de una encuesta realizada, muy poco tiempo atrás, en la Pontifícia Universidade Católica (PUC). De sus conclusiones surge con total claridad -y casi con unanimidad- el deseo de los profesores y estudiantes de llegar a establecer una lengua ‘neutral’, que sirva de base y sustento a la integración regional y la futura concepción de una verdadera ‘nación’ latinoamericana.

Es importante, estimo, recordar que, históricamente, las ‘naciones’ surgieron de una identidad idiomática previa, y de esas ‘naciones’ luego surgieron los ‘estados’. Y digo que lo considero importante, pues al hacer un parangón con lo que ha sucedido en América, se descubre que, allí, surgieron primero los ‘estados’, como herencia de caudillismos personales, y luego, sobre esa base se pretendió construir ‘naciones’ con identidad propia. La historia reciente nos enseña que, en varios casos concretos, esos proyectos de ‘nación’ han fracasado.

El español se percibe, desde Brasil, como una lengua universal. Los brasileños son concientes de las limitaciones de un idioma que, con las únicas excepciones de Portugal y algunas ex-colonias africanas y chinas, sólo se utiliza en su propia tierra, y el poder acceder a la lengua con mayor expansión en el mundo, es considerado un privilegio.

Hace muy poco tiempo, concretamente menos de tres meses, y pese a las dificultades y los tropiezos cotidianos que surgen en la marcha de las integraciones regionales (recordemos la historia misma de la Comunidad Europea), el MERCOSUR ha reafirmado su identidad como bloque, y ratificado que, como tal, negociará tanto con el Nafta cuanto con la Unión Europea. Esa actitud, a la vez, se traducirá en una profundización de la integración de Brasil con sus vecinos, y una mayor interacción del grupo con España, vocero natural de Europa en América Latina.

Ello, sin duda, implicará que nuestros países –me refiero a los latinoamericanos de habla española- deberán acelerar la marcha de la integración que, en el área idiomática, debería significar una mayor acción, tanto de los gobiernos cuanto de las propias comunidades e individuos, en pro de la difusión del español en Brasil.

Finalmente, creo que un buen camino para lograr una mayor difusión de nuestra lengua en Brasil es profundizar cuanto se ha hecho hasta ahora a través del Instituto Cervantes y del Ministerio de Educación argentino, es decir el establecimiento de un sistema de becas y premios a profesores y estudiantes, y la instalación de colegios bilingües en las otras grandes ciudades, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Brasília. Y, por supuesto, lograr la colaboración en este esfuerzo de las propias empresas españolas y argentinas que están allí instaladas, mediante el incentivo a sus ejecutivos y empleados para el conocimiento del idioma, desde el momento mismo de la selección del personal.

Valladolid, 18 de octubre de 2001.-

Un lamentable y pesimista pronóstico

Un lamentable y pesimista pronóstico

Gane quien gane en las próximas elecciones, el futuro de nuestro país, tanto en materia de inflación cuanto de energía, será negro.

Creo que tenemos la obligación de dar a conocer nuestros pronósticos, por pesimistas que éstos sean, aunque sólo fuere para que quienes no los compartan puedan evitar que se conviertan en realidades. Por eso, trataré de fundar mi pronóstico. Como todos sabemos, y el Gobierno se ha ocupado en los últimos años de demostrárnoslo hasta el cansancio, en la Argentina se puede jugar con casi todo e, inclusive, modificarlo sin que esto provoque una reacción seria por parte de los afectados. Sin embargo, existen al menos dos reglas que, ni siquiera el señor Kirchner, puede cambiar: la ley de gravedad y la ley de la oferta y la demanda. Ésta última es, y seguirá siendo, válida en cualquier lugar de la Tierra, sea cual fuera el sistema económico imperante.

Durante los 90´s, la Argentina recibió enormes inversiones de capital de todo origen, especialmente en infraestructura. Los cálculos de D. Chudnovsky y A. López (“La transnacionalización de la economía argentina”, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 2001) establecen el volumen del decenio -1990/1999- en US$ 67.625 millones. Como dice, al citarlos, Fernando Iglesias (“Kirchner & Yo: Por qué no soy kirchnerista”, Buenos Aires, 2007), la fuente es insospechable de ‘menemismo’.

Al comenzar ese año la recesión, y ser seguida por los problemas que soportó el gobierno de la Alianza y por la crisis de 2001, la Argentina se vio frente a una gran capacidad ociosa, tanto en materia industrial cuanto en generación eléctrica, ambas determinadas por la falta de demanda.

A partir de 2002 comenzó una fuerte recuperación de la economía, que hizo crecer el PBI a tasas del 8% anual y, en los últimos tiempos, la política del Gobierno llevó a una exacerbación de la demanda, especialmente en el mercado energético. Aquí debo recordar que, en cualquier economía, el consumo de electricidad supera siempre al crecimiento del PBI.

La recuperación de la economía –y la satisfacción, prácticamente sin tensiones, de esa demanda- fue posible hasta 2006 porque se hizo uso de esas capacidades –de generación eléctrica e industrial- que habían quedado ociosas. Nótese que no hubo, desde el 2001, inversiones en la Argentina (al menos, significativas), al contrario de los números que muestran, en la materia, países como México, Brasil y Chile. En su última entrega, Monteverde nos informa que, en el primer semestre de 2007, a la Argentina llegaron US$ 509 millones de inversiones directas, y a Brasil, US$ 20.000.

A partir del año pasado, cuando, además, la suerte comenzó a serle esquiva al señor Kirchner (me refiero a la falta de lluvias en las cuencas hídricas, al excepcional frío y a los problemas políticos en Bolivia), se produjo la convergencia entre la oferta y la demanda y, entonces, comenzó esta crisis, demostrada tanto por los cortes de energía del último invierno cuanto por la inflación que ya se ha desatado, magüer lo que afirmen los señores Alberto Fernández y Guillermo Moreno.

Lo repito: en cualquier sistema económico, los precios suben cuando la demanda supera a la oferta de bienes y, en la Argentina se registra hoy porque se ha incentivado brutalmente la demanda sin que, a la vez, se hayan concretado las inversiones necesarias para ampliar la oferta industrial.

Lo mismo sucede en el área energética, pues no se acompañó el crecimiento geométrico de la demanda –inducida por el crecimiento económico y por el congelamiento de tarifas para todo tipo de consumidores- y encima se negó la existencia misma de la crisis. Hay una sola forma de empeorar una crisis, y es desmintiendo que exista.

Recuerdo que, en el 2001, cuando Brasil tuvo que enfrentar una crisis energética terrible, producto de la sequía que afectó a los reservorios de las represas hidroeléctricas, lo primero que hizo su Gobierno fue anunciar la crisis y una serie de medidas de economía de electricidad que, debido al patriotismo de los brasileños –el acatamiento fue total-, permitió su rápida superación.

En nuestro país, por el contrario, se desconoció que existiera esa crisis y, por la letal conjunción de precios bajísimos y dinero en los bolsillos, el consumo continuó aumentando. Baste recordar que, este año, ya se han vendido un millón (1.000.000) de equipos de aire acondicionado. En resumen, se adoptó una política suicida.

Ahora, el gobierno del señor Kirchner parece haber tomado conciencia (aunque públicamente continúe negándolo) de ambas situaciones de riesgo –la inflación y la insuficiencia de la oferta energética-, pero no puede encontrar el camino para resolverlas ya que, ambas, requieren de algo que no se puede comprar con dinero: el tiempo.

No basta que el señor de Vido anuncie la inmediata licitación de nuevas centrales de generación térmica o que la señora Fernández de Kirchner salga a pasear por el mundo para intentar atraer las imprescindibles inversiones. Y no basta porque, como dije, falta el tiempo.

Aún cuando el señor de Vido consiguiera el dinero necesario para construirlas, y el gas (o el gasoil, muchísimo más caro) para alimentarlas, le seguirán faltando los dos a tres años que se requiere para que entren en operación. Esos plazos son iguales aquí, en Estados Unidos, Brasil o la China.

Tampoco basta para conseguir gas que el señor Kirchner le haya dicho al señor Evo Morales que lo llame si las compañías multinacionales que operan en Bolivia no realizaran las inversiones que ese país requiere para extraerlo y transportarlo hasta la frontera, refiriéndose a que el Gobierno argentino haría esas inversiones. Y no basta porque, aunque fueran ciertas y posibles esas inversiones, se requiere de tiempo para explorar nuevos yacimientos y para construir los gasoductos.

Y ese tiempo faltará cualquiera sea el candidato que gane las elecciones presidenciales que se avecinan.

Y el año próximo, salvo que ocurra un milagro, la crisis energética se sentirá más generalizadamente, y la oferta de bienes no mejorará, y ello producirá –amén de los incrementos salariales que se avecinan- un mayor impulso para la inflación.

Desde otro ángulo, cabe considerar que los inversores, en general, carecen de larga memoria y, cuando la oportunidad es buena y la expectativa de ganancias permite asumir el nuevo riesgo, regresan con sus capitales, especialmente los ‘golondrina’, aún cuando hayan soportado recientemente un default.

Pero no es menos cierto que, hoy, hay un inmenso abanico de posibilidades de invertir en el mundo y, si alguien considerara a nuestro país como una oportunidad, seguramente se haría presente un consultor o un banco –ellos sí de larga memoria- que les hablarán de nuestra realidad.

El eventual candidato a inversor le contaría a su asesor que quiere invertir aquí, y el diálogo podría ser así:
Quiero ir a Argentina a colocar mi dinero en una fábrica ….
Me parece bien; es un país magnífico y lleno de oportunidades, pero no hay seguridad jurídica y los contratos no se respetan.
Bueno, pero siempre podría recurrir a los Tribunales …
No, pues los jueces dependen del Consejo de la Magistratura, que está en manos del Ejecutivo, que es quien no respeta los contratos.
Pero, si no tengo nada que ver con el poder político, siempre podré vender mis productos al precio que el mercado acepte pagar y, como los argentinos son buenos consumidores, podré obtener buenas ganancias.
No, porque entonces llegará un funcionario que le pedirá a Ud. que le muestre sus costos, para que él pueda determinar a cuánto deberá vender Ud. sus productos y cuánto podrá Ud. ganar.
Pero, supongamos, el producto que pretendo fabricar no reviste interés para el Gobierno, ya que se trata de algo que no forma parte de la canasta familiar y, consecuentemente, no afectaría al índice de precios que mide el INDEC.
OK pero, aún así, le sugiero que no vaya a ese país, pues no tendrá gas ni luz para fabricar sus productos.
¿Es razonable pensar que alguien estará dispuesto a invertir en infraestructura en esas condiciones?

De allí que mi pronóstico para el futuro inmediato de la Argentina, mi país y el de mis hijos, sea lamentable y pesimista, ya que para que el tiempo pueda comenzar a correr, las inversiones se necesitan ya y, como he descripto en ese imaginario diálogo, no se producirán, al menos en lo inmediato.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2007.-

¿Qué mueve a Néstor Kirchner?

¿Qué mueve a Néstor Kirchner?


Esta pregunta flota, como una densa y pesada nube, sobre la sociedad argentina, que asiste, con asombro, a la inexplicable conducta del ¿ex? Presidente.

¿Qué lo lleva a confrontar permanentemente, como ha hecho desde los lejanos días del 2003? A lo largo de estos años, seleccionó, como enemigos, a los militares, a los católicos, a los periodistas y a los medios de prensa, a los ‘barones’ del conurbano, a los exportadores de carne, a algunos sindicatos y, en general, a todo aquel que tuviera un pensamiento diferente al único –aparentemente- posible hoy en la Argentina.

Sin embargo, ahora nos encontramos con un escenario totalmente diferente. Hoy, se ha peleado con todo el interior del país, y con las clases altas y medias de las ciudades. Con ello, no solamente ha arrasado con gran parte de su base electoral, sino que ha condenado a la Argentina a un nuevo fracaso, esta vez totalmente gratuito e injustificado.

La magnitud del desastre que ha provocado es tal que ha puesto a los argentinos al borde de la lucha fratricida y esa certidumbre es la que ha impulsado a la Iglesia a convocar, de urgencia, a sus cuerpos deliberativos más importantes.

Buzzi, desde la Federación Agraria, Castells, desde los piqueteros no oficialistas, y muchos otros, han dado cuenta de la inquietud que atraviesa a la sociedad toda, con la única excepción de los D’Elia, Pitrola, De Petri, Pérsico, y la claque de los multitudinarios Fernández.

Entonces, ¿qué mueve a Kirchner a seguir echando nafta al fuego? ¿Qué pudo hacer que el viernes, cuando el conflicto con el campo parecía entrar en un período más tranquilo con el levantamiento de los campamentos que bordean las rutas, mandara –sí, mandara- a detener a productores e imputara a políticos de la oposición?

Ese comportamiento del viernes recuerda, sin ninguna duda, a la actitud del Jefe de Gabinete el 22 de mayo, cuando –una vez más- se negó al diálogo real con la dirigencia rural y brindó explicaciones sobre la base de una presentación electrónica preparada de antemano y rápidamente desmentida por la Comisión de Enlace. Si algo faltaba, entonces, para constituir al acto del 25 en Rosario en la mayor demostración popular desde las elecciones de 1983, Alberto Fernández se ocupó de reforzar la voluntad de asistir de muchos.

La primera cuestión es determinar si estas conductas corresponden a un tonto, que se porta de este modo ‘sin querer’ o, por el contrario, son producto de una mente –inteligente o ‘viva’- que sabe, perfectamente, qué está haciendo.

Personalmente, y valga la redundancia, estoy convencido que la segunda moción es la correcta. Alguien que ha construido esta muy eficiente maquinaria de poder, partiendo de una oscura gobernación de provincia y sin aparato propio, no puede ser un imbécil.

Entonces, si todo es adrede, ¿por y para qué actúa de este modo?

Hay que recordar que el PJ, desde su nacimiento, es uno de los movimientos políticos más caníbales que han existido. Kirchner sabe que, si cediera y, con ello, demostrara debilidad, su base de sustentación, aún con la caja en sus manos, rápidamente comenzaría a actuar para fagocitarlo. Los hoy tan leales intendentes del conurbano, los jerarcas sindicales y las ex-tropas duhaldistas no demorarían mucho en ‘borocotizarse’ a favor de un nuevo líder que les garantizara la supervivencia y las prebendas.

Por otra parte, no creo equivocarme si afirmo que don Néstor es el líder más odiado por su propia tropa de todos los que ha parido la República desde sus orígenes. Aún quienes le lamen la mano, como sus ministros y funcionarios, lo detestan; sus modales, su manía golpeadora (física y moralmente hablando), su desmerecimiento permanente a sus mismos subordinados y a su propio mujer, contribuyen –muchísimo más que la inexistente (hasta que apareció el interior) oposición- a generar, en su contra, el peor de los resentimientos.

Y, por ello, sabe que, si llegara a caer, su suerte futura será muy negra. Los hoy rastreros y acomodaticios jueces que demoran o niegan las investigaciones de corrupción serán los primeros en activarlas y obligarlo a un tránsito permanente por los Tribunales del país, con un pronóstico fácilmente predecible. Volverán a las primeras planas los dineros de Santa Cruz, las coimas de Skanska y de las obras públicas, Antonini Wilson y sus valijas, Lafsa, el gasoil comprado y los bonos vendidos a Venezuela, el proceso del ‘tren bala’, la ‘argentinización’ de las empresas, la expansión del juego, el enriquecimiento personal y de sus testaferros, e innumerables etcéteras.

No creo que exista, en este momento, un país –tal vez, sólo Venezuela- que pudiera servir de refugio a un prófugo de esta naturaleza. Baste recordar el caso reciente de Fujimori, en Perú. Y tampoco creo que la personalidad de Kirchner le permitiera, siquiera, plantearse la fuga como una alternativa.

Y, entonces, cabe formularse la pregunta del millón: ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para evitar todos esos males?

Mal que me pese por el bien de Argentina, estoy convencido que, en este caso, don Néstor y su cónyuge sí están dispuestos a llegar ‘hasta las últimas consecuencias’, con todo lo que ello implica.

No me imagino, siquiera, una aceptación pacífica, con ‘fair play, de un resultado negativo en las urnas. Y no solamente por parte de la pareja gobernante, sino de todo su entorno, con los personajes ya nombrados más los Kunkel, Gullo, Zanini, Bonafini, etc.. No los veo, realmente, diciendo por televisión que la democracia es así, que a veces toca perder, que otros han ganado y transfiriendo a esos otros la banda presidencial y la caja. Y eso pone un plazo máximo al grave conflicto que preveo: las elecciones de 2011.



Buenos Aires, 3 de junio de 2008.-
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Otra vez, lo inexplicable ... o ...

Otra vez, lo inexplicable … o …

En política, casi todo es factible, salvo regresar desde el ridículo. Ayer, una vez más, Argentina, a través de su Gobierno, volvió a asombrar al mundo con su desmesura, su mendacidad y su ridiculez.

Como sabemos, después de una ¿conferencia de prensa? –sin espacio para la requisitoria periodística- en la cual fueron exhibidos cuadros con cifras y estudios preparados con anterioridad a la reunión con los dirigentes del agro –si todo estaba escrito de antemano, ¿cuál fue la finalidad de la esperada reunión?- unos casi joviales, pero manifiestamente nerviosos, ministros del Poder Ejecutivo realizaron unos confusos anuncios que, para los poco informados, dejaban traslucir que el meeting se había desarrollado con armonía, que se habían discutido los problemas puntuales de la carne, del trigo, etc., y que, la semana próxima, continuaría el diálogo hace días interrumpido.
Sin embargo, los periodistas presentes en el Ministerio de Economía ya habían hecho conocer un detalle importante: después del discurso conciliador de la Presidente en el acto de Almagro, hace ya una semana, el Gobierno había dado nuevas largas a la negociación y, pese a la lógica inquietud de la sociedad toda, no solamente había demorado cinco días en concretar la reunión sino que, en un gesto de descortesía y de maltrato habitual en esta Administración, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, acompañados por el Secretario de Agricultura, habían hecho esperar una hora y media a sus invitados.
Al retirarse los funcionarios de la pseudo-conferencia de prensa, sin aceptar preguntas, Alberto Fernández fue informado, por uno de los periodistas presentes, que los dirigentes del campo habían manifestado que, en la medida en que la reunión había sido totalmente infructuosa, se disponían a permanecer en la sala del Ministerio hasta tanto se arribase a una solución o, al menos, hasta que comenzara a discutirse, con seriedad, el tema de las retenciones. Posteriormente, los mismos representantes de las entidades agropecuarias declaron que no habían podido hablar de nada, pues los ministros pedían el levantamiento previo del acto del 25 de Mayo.
Otra vez, decía, Argentina cayó en el más espantoso ridículo, de la mano de funcionarios contradichos por sus contertulios.

Frente a estos hechos, de más está decir que, en este momento de tanta crispación social y política, la actitud del Gobierno es, nuevamente, inexplicable.
Si tanto les preocupa el eventual –pero casi descartado- monumental éxito de convocatoria del acto de Rosario, el próximo domingo, ¿por qué adoptar una conducta que, solamente, puede incentivar la concurrencia al indeseado acto?
Si, como cree el Gobierno, se tratará de un acto opositor, ¿por qué continuar irritando aún más a una sociedad con la piel en carne viva?
¿Hasta cuándo se seguirá polarizando a la comunidad? ¿Qué sentido político puede tener respaldarse en sectores que, en cada elección nacional, confirman su falta de falta de representatividad?
¿Qué puede estar buscando el Gobierno con estas irracionalidades? Como preguntarían los autores de novelas negras cuando desconocen al autor de un crimen, ¿a quién le conviene esto?
¿Qué sentido tiene agravar aún más la situación polemizando con la institución –Cáritas- más creíble del país? El aumento de la pobreza es un dato de la realidad cotidiana del conurbano, y esta nueva pelea con la Iglesia aleja inclusive a los votantes más recalcitrantes de la maquinaria política hoy presidida por el Primer Caballero, que perciben las mentiras de los funcionarios.

Ante la falta de respuestas sustentables, con lógica interna, a esas preguntas, y luego de una noche insomne, sólo me cabe hacer una suposición: el Gobierno, intencionadamente, está buscando que el 25 de Mayo haya mucha gente en Rosario, y el único objetivo de ello, si es que es cierto, debiera ser lograr, de algún modo, que allí se produzca algo (el lector deberá imaginar qué) que desprestigie al movimiento rural y/o a la oposición política.

Dios nos guarde!


Bs.As., 23 May 08

Los ferrocarriles de pasajeros, ¿por qué deben ser estatales?

Los ferrocarriles de pasajeros ¿Por qué deben ser estatales? Es, de todo punto de vista indispensable, para cualquier país que piense en su futuro, contar con excelentes servicios de transporte ferroviario de pasajeros, especialmente de corta distancia o cercanías, y subterráneos metropolitanos.

Con sólo mirar ciudades como Madrid, Barcelona, París, Londres o Nueva York, debe uno preguntarse por qué esos, ya de por sí enormes, conglomerados urbanos no han continuado creciendo en los últimos cincuenta años.

Y la razón es una sola. Todas ellas cuentan con un eficiente y confiable servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril. Éste permite que los ciudadanos puedan desplazarse desde sus hogares, en los alrededores de esas metrópolis, hasta sus trabajos, en el centro de ellas, por medio de tales ferrocarriles.

Hoy, por lo demás, en Europa, cuyas distancias interurbanas son de menor magnitud que en América, el tren reemplaza, y con enormes ventajas, al transporte aéreo y, aún, al automotor. El tren resulta más cómodo, más seguro, más barato y -sumando al tiempo de vuelo el que demanda el traslado hacia y desde los aeropuertos y el lapso de espera previa en ellos- más rápido que el avión, especialmente cuando los países cuentan con servicio ferroviario de alta velocidad.

No voy a continuar extendiéndome acerca de las ventajas del ferrocarril; prefiero dedicar lo que resta de este artículo a explicar por qué el tren de pasajeros debe ser estatal.

Lo primero que debo asegurar es que el Estado puede prestar un servicio eficiente, como ocurre en Francia o en España, y ello sólo requiere que la compañía que lo administre, pese a ser pública, trabaje y se desempeñe como privada, con todos los desafíos –en cuanto a control y cumplimiento de objetivos- que ello implica.

En Gran Bretaña, donde esos servicios fueron privatizados en el gobierno de Margaret Thatcher, la calidad de los mismos ha caído estrepitosamente; baste para comprobarlo recordar que, en tiempos no tan lejanos, los ingleses podían poner en hora sus relojes utilizando la puntualidad de sus trenes.

La explicación para justificar la postura de la necesidad de que el Estado sea quien opere los ferrocarriles de pasajeros es, además, muy simple.

Cuando cualquier empresario privado crea un negocio –sea cual fuere el sector económico en el que se desenvuelva, incluyendo el transporte ferroviario-, realiza una cuenta (suma y resta) sumamente elemental.

Piensa cuánto debe invertir, cuánto insumirán sus gastos operacionales, cuánto deberá pagar en impuestos, le añadirá la tasa de retorno del capital invertido y, con todo ello, llegará a una suma determinada. A ella le restará, entonces, el precio al que venderá su producto o servicio. Y nada más. Si el resultado de esa ecuación determina que generará ganancias, hará el negocio planeado; en caso contrario, lo descartará.

Volviendo a los trenes de pasajeros, lo primero que se debe poner sobre la mesa es la enorme magnitud de las inversiones que se requieren, tanto en infraestructura –sobre todo, en vías, señales, cambios, etc.- cuanto en material rodante, es decir, locomotoras y coches de pasajeros.

Utilizando la ecuación a la que hice referencia más arriba, si va a ser el pasajero quien, a través de su boleto, pague todas esas inversiones y todos esos gastos, el precio del transporte se convertirá en carísimo o, aún más, alcanzará un nivel imposible de afrontar por el público usuario.

¿Qué ocurre cuando el Estado es el empresario? Nuevamente, muy simple: la ecuación se modifica dramáticamente. En ella, el Estado introduce otros elementos que, como veremos, no pueden –y, tal vez, ni deban- ser tomados en cuenta por el empresario privado.

Esos elementos son los llamados ‘externalidades’. Y son tan conocidos en el mundo que las propias Naciones Unidas han adoptado un sistema para medirlas y cuantificarlas.

Se designa de ese modo a los beneficios que un servicio aporta a una comunidad en forma indirecta. Me refiero, con ello, a cuánto disminuye el tráfico por carretera un servicio ferroviario eficiente, cuánto reduce el deterioro de las mismas, cuántos menos automóviles ingresan a las ciudades, cuánto menos ruido deben soportar los ciudadanos, cuánto se reduce la contaminación ambiental, cuánto se reduce el consumo de combustibles, cuánto menos stress sufre la población, cuántos menos accidentes se producen, cuántos ciudadanos pueden evitar vivir en las ciudades, , … y un larguísimo etcétera.

Esas ‘externalidades’, entonces, son las que invierten el resultado de la ecuación, tornándola positiva para el operador, y ello permite que el boleto o ticket que deba pagar el usuario por utilizar el servicio resulte accesible o, directamente, barato.

Como ya expliqué, sólo el Estado puede tomar en cuenta dichas externalidades, ya que debe asumir el costo total de las mismas si no puede ofrecer un transporte ferroviario eficiente y confiable.

Esa necesidad de que sea el Estado, en cualquiera de sus niveles, quien invierta y administre los ferrocarriles de pasajeros, sólo puede evitarse mediante fuertes subsidios a los empresarios privados, como forma de compensar a éstos por el resultado negativo que –al no considerar en ella a las externalidades- sin dudas surgirá de su ecuación.

Pero, reitero, el Estado debe actuar, en la especie, como una empresa privada, y las autoridades de ésta deberán rendir acabada cuenta de su gestión, como si tuvieran accionistas ante quienes responder por el cumplimiento de los objetivos determinados.

Por lo demás, es siempre desaconsejable recurrir, como lo ha hecho el Gobierno argentino, a una política de subsidios a los empresarios privados, y lo es por la falta de control sobre la verdadera y efectiva aplicación de los importes en cuestión a los fines para los cuales fueren destinados, y a la obvia falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2007.-


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Los argentinos y los zapatos

Los Argentinos y los zapatos

En los últimos días, a raíz de las cartas de intención firmadas con China y el reconocimiento a dicho País como una ‘economía de mercado’, volvieron a surgir las voces que, aterradas, anuncian la destrucción de la industria nacional y, contemporáneamente, exigen medidas de protección de todo tipo, para evitar la invasión de productos chinos.
Entre todos los sectores que efectúan esos reclamos –en especial, textiles y juguetes- hay uno que es paradigmático, el del calzado, pues permite percibir con total claridad tanto las equivocadas posiciones de los fabricantes nacionales cuanto los efectos negativos que ellas producen sobre el resto de la comunidad.
Argentina tiene un mercado sumamente reducido, que impide –por completo- la economía de escala de su industria. Y frente a ese innegable dato de la realidad, sólo es posible optar entre producir caro para ese pequeño mercado interno, o vender al exterior. Y no hay una tercera opción.
Cuando digo que los industriales del calzado se han situado en una errada posición me refiero, concretamente, a la elección de su vocación y de su destino.
Han decidido, curiosamente, optar por vender dentro de las fronteras y ello los obliga a hacer incalculables esfuerzos por cuidar ese territorio, esa ‘quintita’ privada.
Para conservarlo, o al menos intentarlo, deben recurrir a pedir protección, traducida ésta en barreras arancelarias y para-arancelarias, en el establecimiento de cuotas de importación, en los reclamos ‘anti-dumping’.
Sin embargo hoy, nuevamente, la realidad los ha traicionado, puesto que se verán enfrentados, a muy corto plazo, a competir contra un nuevo actor, gigante por cierto –China- que produce tres mil millones de zapatos por año, y a un precio imbatible (desde US$ 2,5 el par). Recordemos las voces que, por iguales motivos, aún se levantan para intentar cerrar el paso al calzado brasileño, otro de los grandes jugadores del mercado de bajo precio que, además, es nuestro socio en el Mercosur.
¿Qué harán entonces? ¿Nuevamente pedirán barreras aduaneras, aún a costa de que el competidor levante similares defensas contra los productos primarios argentinos? ¿Intentarán sobreproteger a su sector, como ya hicieran también en las épocas en que el saldo de la balanza comercial con Brasil nos era extremadamente favorable?
En lo que, con toda seguridad, tendrán éxito será en impedir que los consumidores argentinos humildes puedan acceder a zapatillas de US$ 2,50 y con ellas vestirse.
Y aquí vienen la reflexión, la comparación y la sugerencia.
¿Por qué insistir en competir contra un País que, por costos internos y por dimensión de mercado puede exportar a precios sensiblemente inferiores a los de nuestra producción local?
Esa pretensión, totalmente insana, equivale a imaginar a Francia o a España intentando competir, en los mercados mundiales, contra la carne argentina o la soja brasileña.
Si nuestro País no tiene un mercado considerable, ¿por qué pretender sustentar en él la supervivencia de industrias no competitivas a nivel mundial?
Sobre todo, ¿por qué luchar por un sector del mercado que, si bien es mayoritario, carece de la capacidad adquisitiva necesaria para acceder a los zapatos argentinos? ¿Por qué impedir que, por el contrario, se pueda calzar a precios baratos?
Tan pronto recordemos que quien quiera comprar un buen par de zapatos italianos o ingleses deberá prepararse a pagar US$ 400 o más, naturalmente se nos plantearán otros interrogantes.
Si Italia o Gran Bretaña no tienen suficientes cueros para atender a la demanda de su industria, ¿por qué Argentina –que sí los tiene- no sale a competir contra esos países vendiendo en el exterior productos de igual calidad pero sensiblemente más baratos?
Los costos laborales de nuestro País son muy superiores a los orientales y aún a los brasileños, pero sensiblemente inferiores a los europeos; y Argentina puede producir cueros curtidos, y trabajarlos, a mucho menor precio que Europa.
Entonces, ¿no tendrá más sentido producir zapatos buenos, y de muy buen precio, que fabricar zapatos relativamente baratos y de baja calidad? ¿No sería mejor que todos los argentinos pudieran calzarse, aún con zapatos importados, pagando por ello lo mínimo posible?
No recuerdo haber leído jamás acerca de protestas de los fabricantes italianos o británicos de zapatos contra la invasión por China o Brasil de sus ‘territorios’.
Y no lo recuerdo porque no las ha habido. Y no las ha habido porque, simplemente, no tienen intereses contrapuestos.
Dentro de Italia o del Reino Unido, tanto como en el resto de los países del mundo que han abierto su economía, existen sectores dispuestos a pagar fortunas (y capaces de hacerlo) por los zapatos de lujo, y otras franjas de mercado que, mal que les pese, sólo pueden acceder a calzados baratos.
Los fabricantes locales de esos países han diseñado su producción para atender al mercado de alto standard, tanto interno cuanto eterno, y no tratan de jugar en el sector de bajo consumo.
¿Por qué no hacer algo parecido en Argentina cuando, además, eso implica agregar valor a las exportaciones?
Todavía los industriales están a tiempo de modificar su conducta. Si no lo hacen, los vientos de la globalización los obligarán a pagar esa factura y, con ellos, a los trabajadores que hoy dicen proteger.
Bs.As., May 05

Lo inexplicable

Escribí este artículo, originalmente, en mayo de 2006; varios de mis amigos lo conservan, desde entonces, en sus archivos. En marzo de 2007 le agregué un colofón, del cual he resaltado ahora los párrafos finales. Es hartamente difícil creer que muchos de quienes hoy nos gobiernan, que comenzaron a hacer política matando militares y policías, puedan -con 'fair play'- aceptar una derrota en las urnas y entregar, mansamente, el poder y la caja.
Buenos Aires, 24 de abril de 2008








Lo inexplicable …

A raíz del acto previsto para el 25 de Mayo, y de las actitudes personales del Presidente, damos por cierto que el señor Kirchner –o, como mínimo, algún mandado- se presentará en el 2007 y, en la medida en que la oposición no existe, tenemos la seguridad de su reelección.

Ahora bien; esa certeza produce, inevitablemente, preguntas que, hasta ahora, no encuentran respuestas.

¿Por qué alguien que pretende ser reelecto puede optar por medidas cuyas consecuencias negativas, necesariamente, se producirán en su siguiente mandato?

Aún siendo un lego total en materia ganadera, presumo que ‘hacer’ un novillo no es tarea de un solo año. Si el Gobierno tiene éxito en la política inaugurada con la prohibición de exportaciones, creo que producirá una inmediata liquidación de stocks pecuarios.

O sea, el año próximo habrá menos cabezas para faenar y, por la inmutable ley de la oferta y la demanda, los precios subirán y, con ello, la inflación.

Entonces, si el Presidente aspira a la reelección, ¿por qué optar por acciones cortoplacistas cuyos efectos contrarios se producirán, inevitablemente, en su próximo período?

Siempre recuerdo que Napoleón elegía a sus generales por la suerte de éstos. Y es innegable que el señor Kirchner tiene suerte.

Para comprobarlo, basta ver la previsiones de temperaturas para el próximo invierno que, de resultar ciertas, evitarán la necesidad de un racionamiento de gas.

Un escenario similar al de la carne aparece con relación a este producto. El congelamiento de tarifas interno, instrumentado por el señor Duhalde y sostenido a rajatabla por el actual mandatario, ha significado que la Argentina pague más por el gas importado –que subirá su precio aún más en pocos días- que lo que acepta pagar a su productor interno.

Y la falta de inversiones en exploración ha hecho que el horizonte de reservas en materia de gas y petróleo se sitúe hoy en 2010, con la natural transformación de la Argentina en un país netamente importador.

Y si pensamos que estamos frente a uno de los negocios más lucrativos del mundo, debemos preguntarnos por qué no se han realizado esas inversiones. Y sólo caben dos respuestas: la inexistencia de seguridad jurídica recomienda a los grandes inversores internacionales abstenerse de hacer negocios en la Argentina, y la fijación de un precio a los consumidores –incluidos los grandes- que no retribuye la inversión.

Si el Banco Mundial acierta en sus pronósticos, y todo me induce a pensar que será así, la onda favorable de la economía mundial continuará por, al menos, cinco años más. Y esa onda continuará arrastrando hacia arriba a la Argentina, proveedora de las materias primas que tanto China cuanto India necesitan. Pero eso no implicará, al menos en este cuadro de situación, atraer las inversiones en infraestructura indispensables para convertir ese crecimiento en sustentable.

El escenario de inseguridad jurídica y de falta de precios adecuados, se ve agravado por dos factores, uno de vieja data y otro de reciente aparición.

Me refiero, en primer término, al carácter del señor Kirchner, que ha llevado al País a uno de los peores –sino el peor- momentos en sus relaciones internacionales, manteniendo conflictos de distinta índole con naciones como España (ayer, su Ministro de Relaciones Exteriores, señor Moratinos, ha identificado como aliados en América Latina sólo a México, Brasil y Chile), Estados Unidos (a raíz de la ‘contracumbre’ de Mar del Plata), Holanda y Rusia (por los desplantes a su Reina y a su Presidente), con Italia (por los ‘bonistas’ estafados por sus propios bancos), con Francia (por la expulsión de sus empresas), con Chile (por la violación de los contratos privados de suministro de gas), con Uruguay (por las papeleras y por los cortes de gas y electricidad), con Bolivia (por el precio del gas), etc., etc.

Y, en segundo, que marca un antes y un después en este cuadro, por el deterioro generalizado de la imagen de Sudamérica frente a la comunidad internacional, debido a las conductas y a las expropiaciones del señor Hugo Chávez, del señor Evo Morales, etc. y, también, a la muerte de sus incipientes organizaciones supranacionales, como el Pacto Andino y el propio Mercosur.

Bolivia ha decretado, amén de la nacionalización de sus recursos naturales y de la expropiación de activos de empresas extranjeras, un incremento sustancial del precio de su gas natural, y la Argentina ha debido aceptarlo. El señor Kirchner, con su habitual sentido de la impunidad, pretende trasladar el aumento en todo el volumen que importa de Bolivia a la porción del mismo que re-exporta a Chile pero, con toda seguridad, esa pretensión no será aceptada por la señora Bachelet –nuestro vecino del oeste ya ha comenzado a implementar soluciones alternativas para su carencia de gas- y el aumento golpeará, en mayor o menor medida, a los consumidores argentinos.

Otro aspecto notable de la actitud inexplicable del Gobierno frente a la economía es el sistema de control de precios que, a veces (léase señor Moreno) con violencia implícita, ha instrumentado. Ese tipo de medidas ya ha sido probado, con invariable fracaso, en muchas oportunidades y en muchísimos países. Y ese fracaso repercutirá en los índices inflacionarios, por mucho que se pretenda digitarlos, en el próximo período presidencial.

No resulta relevante el anuncio de un índice determinado –que, por lo demás, puede modificarse simplemente cambiando la composición de los artículos considerados o la incidencia porcentual de los mismos-, ya que la percepción llega a la población no a través de la información oficial sino del achicamiento de la capacidad adquisitiva del salario.

Por último, el tercer ejemplo –amén de la carne y el gas- surge del innegable empeoramiento del índice de distribución de riqueza que produjo la devaluación asimétrica del señor Duhalde y que, mal que nos pese, llegó para continuar y quedarse.

Para concluir esta reflexión, sólo me cabe recordar que, en la Argentina, lo único que quita y pone presidentes, más allá de las declamaciones ideológicas, es el dolor del bolsillo, que aquí es, verdaderamente, el órgano más sensible del cuerpo humano.

20.5.06

Como muchos de ustedes tendrán este artículo en sus archivos, podrán comprobar, a la luz de la realidad actual, cuan acertado fue mi pronóstico de entonces.
No solamente el precio de la carne está empujando hacia arriba el índice de precios ‘oficial’ sino que la atroz intervención en el INDEC ha puesto al descubierto la manipulación que, ya el año pasado, preveía; y lo mismo sucede con mis comentarios acerca del gas.
La situación internacional que entonces describía no ha hecho más que complicarse, especialmente frente a los Estados Unidos y el MERCOSUR, al Uruguay e, inclusive, a la comunidad judía internacional. Salvo contadísimas excepciones, la Argentina se ha visto excluida de los itinerarios por la región –junto con Bolivia y Venezuela- de todos los políticos y gobernantes importantes del mundo.
Sólo cabe agregar a este –un casi de mal gusto ‘yo les avisé’- comentario una terrible premonición: a Kirchner no lo sacarán ni los votos ni los carritos de supermercado de las amas de casa; todo me indica que será capaz de cualquier cosa para conservar el poder, incluido un golpe de estado, el armado de los piqueteros adictos, etc..
Argentina tiene muy fresca la memoria acerca de lo que puede pasar cuando se utiliza la violencia como para despreocuparse de un futuro previsiblemente tan complicado.

13.3.07
Publicado en:

La crisis global de los países emergentes y su repercusión en Argentina

La crisis global de los países emergentes y
su repercusión en Argentina

Por Enrique G. Avogadro y
Juan C. N. Soldano Deheza
(*)


Panorama internacional

Los 70’s y el comienzo de los 80’s fueron marcados para el mundo en general, y especialmente para los actualmente conocidos como “países emergentes”, por la crisis del petróleo y el fin de la liquidez internacional alimentada por los flujos de ‘petrodólares’, derivado de los fuertes aumentos en la tasa de interés norteamericana, que llevaron al fracaso a las estrategias -más o menos exitosas- de crecimiento basadas en un fuerte endeudamiento externo.
En América Latina, la segunda mitad de los 80’s fue marcada por la re-democratización generalizada del subcontinente, acompañada por el ‘default’ generalizado de la deuda externa y por muy bajas tasas de crecimiento económico, que llevaron a que este período fuera llamado como la “década perdida”.
El final de esa etapa –fin de los ’80 e inicio de los ’90- se caracterizó por un conjunto de particularidades que repiten –por supuesto, con el correspondiente aditamento tecnológico- lo ocurrido en otros momentos del siglo XX y del anterior.
Las telecomunicaciones comenzaron a dar un espectacular salto tecnológico, combinado con la existencia de una fuerte liquidez internacional y escasas oportunidades de inversión –al menos, aquella que ofrece altos retornos- en los países más desarrollados.
En ese contexto, surgieron las recomendaciones del denominado “Consenso de Washington”, relativas a las estrategias que deberían seguir los países subdesarrollados para acceder al círculo virtuoso del crecimiento económico.
Ellas pueden ser descriptas, en forma muy sintética y por sus puntos más conocidos, por la renegociación de la deuda externa en ‘default’, la apertura comercial, la apertura de la cuenta capital del balance de pagos, y por la reforma del sector público vía la privatización de las empresas estatales deficitarias. Como consecuencia de este conjunto de reformas, podría esperarse una rápida vuelta a un acelerado proceso de crecimiento económico que permitiese recuperar la “década perdida”.
En la medida en que tales recomendaciones representaban un retorno al clasicismo de la economía, fueron denominadas “neo-liberalismo”.
Pese a que entre las sugerencias del Consenso de Washington no figuraba la necesidad de contar con políticas fiscales sólidas que asegurasen la solvencia intertemporal de los Estados, mientras se promovía la competitividad de las economías e inducía una razonable redistribución de riqueza, cabe imaginar que tanto los inversores internacionales cuanto los organismos multilaterales asumían que financiarían desequilibrios fiscales transitorios, derivados de la transición de esas economías hacia esta nueva situación ideal.
Sin embargo, la confrontación con la realidad indica que, pese a un momento inicial de fuertes tasas de crecimiento derivadas de la apertura de la economía y los ingresos de capital derivados las privatizaciones, con raras excepciones, éste no fue el camino seguido por los países que se alinearon siguiendo las recomendaciones antes mencionadas, de donde se deriva buena parte de los problemas que hoy enfrentan.
En el mercado de capitales internacional, en el que los países emergentes financian sus déficits, se asumía hasta el momento que existía un prestamista de última instancia –el FMI- que, a la luz de la experiencia de la última década, siempre había acudido en socorro de las naciones en apuros.
Si seguimos la sugerencia de dejar que los problemas de insolvencia sean resueltos por el mercado, parece entonces razonable el argumento de los conservadores norteamericanos, representados en las declaraciones del economista jefe del FMI, la Sra. Anne Krueger, en el sentido que los países y sus acreedores deberán encontrar una solución a sus problemas con escasa –o nula- ingerencia de este organismo o del Gobierno estadounidense.
La modificación de este contexto abre espacio para que las reglas de juego existentes hasta el momento, por lo menos en este sentido, comiencen a ser cuidadosamente revisadas.
Probablemente, veremos en el futuro un flujo mucho menor de financiamiento destinado a los países emergentes, acompañado de una mayor diferenciación entre ellos, basada en un análisis más detallado de los fundamentos económicos propios de cada uno de esos países.
Como en cualquier mercado, una menor oferta enfrentada a una demanda relativamente inelástica, provoca un aumento de precios, en este caso la tasa de interés.
Ello debería llevar a los países emergentes a replantear rápidamente sus estrategias de crecimiento y financiamiento, bajo el riesgo de que se produzca un proceso generalizado de ‘default’ de su deuda externa y un nuevo y prolongado período de escaso o nulo crecimiento, con sus tremendas consecuencias sociales y la puesta en serio riesgo de las instituciones democráticas.
A su vez, ello nos lleva a uno de los puntos centrales de las recomendaciones del Consenso de Washington, que toma una relevancia cada vez más significativa en este nuevo contexto: la apertura comercial.
Las diferentes rondas del Gatt
[1]; ronda Kennedy, ronda Tokio, ronda Uruguay, que culminaron con la institucionalización de la Organización Mundial de Comercio (OMC), fueron altamente efectivas en reducir tarifas aduaneras en lo que al comercio de productos manufacturados se refiere. La incorporación de los servicios y la propiedad intelectual a la normativa internacional a través del ‘Trips’, subproducto de la ronda Uruguay, reguló además las condiciones de acceso de los países subdesarrollados al mercado del conocimiento y de los servicios financieros, los de más rápida expansión mundial en la última década.
Sin embargo, existe un conjunto de asimetrías que, en un contexto de reducción de los flujos de financiamiento, toman cada vez mayor importancia para los países emergentes, y transforman aquel criterio de apertura comercial en una apertura de características casi unilateral: las restricciones existentes al comercio de los productos agropecuarios y manufacturados de bajo valor agregado, que representan una proporción significativa de su pauta de exportación.
Estas asimetrías están representadas, para los productos primarios, por los subsidios de los países desarrollados y principales mercados de consumo mundial a los productores locales
[2], que generan la formación de grandes ‘stocks’ -que deprimen los precios, y por los subsidios a la exportación de esos excedentes, que profundizan este efecto y reducen, significativamente, los márgenes de rentabilidad de los productores de los países en vías de desarrollo[3]. Los productos agroindustriales, asimismo, enfrentan crecientes barreras para-arancelarias en esos mercados.
En el caso de los bienes industriales de relativamente escaso valor agregado, como pueden ser los textiles y el acero, las restricciones de acceso a las economías desarrolladas se expresan a través de mecanismos de cuotas y la creciente aplicación de medidas ‘antidumping’.
En el caso de los servicios, la captación de las mentes más brillantes de los países subdesarrollados, mediante la viabilización de opciones para estudiar, investigar y aplicar sus conocimientos casi sin restricciones presupuestarias y en las mejores universidades del planeta (todas se encuentran en los países desarrollados), determina que la mayor parte de las patentes y nuevas tecnologías se desenvuelvan en esos países.
Este conjunto de situaciones unidas al creciente poder y concentración de los conglomerados financieros y aseguradores mundiales
[4], hacen que las posibilidades de generar políticas de desarrollo independiente resulten cada vez más limitadas.
Debe señalarse, adicionalmente, que aunque la OMC establece reglas de juego para los mercados regulados por los tratados que la crearon, es bastante común que los países subdesarrollados no tengan suficientes especialistas en el área de negociaciones económicas internacionales o bien carezcan de la capacidad económica necesaria para asumir el costo de buenos defensores en cuestiones de su interés nacional.
Finalmente, no debe subestimarse el hecho que, frente a la necesidad de mantener un cierto grado de “tutela” de los organismos multilaterales de crédito, a efectos de contar con acceso al financiamiento internacional, que son controlados por los mismos países desarrollados que imponen barreras al comercio, los países emergentes deban claudicar parcialmente
[5] en sus reclamos.
Frente a este escenario, existen sólo dos países
[6] que, por su dimensión territorial y poblacional, su ubicación estratégica en áreas de potencial conflicto y por su desarrollo tecnológico y nuclear autónomo, han conseguido crear estrategias de crecimiento independientes de los principios del Consenso de Washington razonablemente exitosas[7]. No parece haber otros países en condiciones de recrear esa situación.
Si asumimos como un parámetro
[8] el contexto antes descripto, aquellos países emergentes que pretendan insertarse exitosamente en la economía mundial, deberán tener en cuenta las restricciones apuntadas para sus estrategias de crecimiento y generar, en consecuencia, reformas institucionales tendientes a optimizar el rol del Estado. Resulta indispensable convertirlo en un eficaz vehículo de redistribución de riqueza, en un contexto de austeridad y extrema solidez fiscal, a fin de que pueda hacer uso eficiente de los escasos grados de libertad disponibles para mejorar su posicionamiento negociador relativo y generar condiciones para incrementar la proporción de ahorro doméstico que quede en el país, de manera de reducir la dependencia del financiamiento externo.
Cabe preguntarse cuántos y cuáles serán los países en condiciones, no solamente de emprender, sino de concluir exitosamente esta tarea.


Argentina y su crisis

Hablar de la crisis de Argentina, que tanto impacto ha tenido en la actualidad española y que no escapa, en términos generales, a las circunstancias descriptas más arriba, impone explicar algunas circunstancias presentes que constituyen verdaderas peculiaridades del país y de su gente.
Luego de los grandes procesos hiperinflacionarios de 1989 y 1990, y de la renuncia anticipada del primer Presidente democrático tras diez años de dictadura militar, fue realizada en abril de 1991 una reforma monetaria que introdujo el Régimen de Convertibilidad
[9], que ató al peso –la moneda local- al dólar estadounidense.
El remedio sirvió para erradicar de cuajo la inestabilidad económica pero, tras casi doce años de irresponsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales, con un desmedido déficit fiscal siempre financiado con más deuda, que llevó a una fuerte sobrevaluación de la moneda que, a su vez, impidió la expansión de la economía y produjo un crecimiento desmedido en la tasa de desempleo, dejó de servir a los fines pretendidos,.
La deuda externa creció de US$ 45.100 millones
[10] a US$ 147.667 millones[11], y las últimas mediciones del paro estiman en casi el 30% el nivel de desocupación, y en casi 15% el de subocupación. Si se piensa que esos guarismos se dan en un país que carece de red de contención social (seguro de desempleo), puede imaginarse el estado en que se encuentra el conflicto social.
Lo más notable es que en el período de mayor crecimiento de la deuda (123% entre 1989/1999) coincide con la época de la privatización de todas las empresas estatales, que vieron gran parte de su precio pagado en títulos de la deuda pública, por lo cual el crecimiento real fue aún mayor, y es la prueba cabal que se financió el gasto corriente con la venta de activos públicos.
Podemos decir que, desde 1993 en adelante, Argentina tuvo un acceso ilimitado e irracional a los mercados financieros internacionales, obteniendo siempre créditos que no utilizó para financiar su desarrollo sino, muy por el contrario, a solventar su endémico -pero cada vez más pronunciado- déficit fiscal. Si al gran crecimiento del gasto público ya comentado, le sumamos el pago de servicios financieros al exterior a tasas de interés muy altas en términos reales, que convertían al país en inviable y un sistema tributario procíclico, mal diseñado y que genera altos incentivos a la evasión, tenemos un cuadro de situación que, sin temor a equivocarse, permitía prever con mucha anticipación este final.
Por otra parte, y sobre todo a partir de los primeros años del gobierno del Dr. Menem (1989/1999), se produjo en Argentina una marcada transferencia del control accionario del sector industrial y financiero –y aún del agrícolo-ganadero- a manos de grandes conglomerados multinacionales, que adquirieron inclusive las empresas estatales privatizadas en la época.
Una de las primeras características que distingue a Argentina es que los originales propietarios de esas tierras, fábricas y campos, transfirieron al exterior los precios obtenidos por las mismas, generando un curioso e inusual fenómeno: algunos de los ciudadanos mantienen fuera del país depósitos equivalentes a una proporción muy importante de la deuda externa nacional.
Esta conducta tiene explicaciones varias, según desde qué ángulo político se las analice, pero los últimos acontecimientos –congelamiento de depósitos locales y apurada e improvisada devaluación- terminaron por darle la razón a quienes así actuaron.
Por otra parte, y sobre esto volveremos más adelante, el deterioro profundo de las instituciones y el desprestigio de los hombres que las han conducido –en especial, la Justicia- hacen hoy descreer a la población, en una postura que tiene paralelos en Latinoamérica, de la democracia misma.
Resulta entonces muy difícil, para los sectores sociales excluidos compartir una opinión positiva de la globalización y del capitalismo como forma de vida, más que como un sistema económico.
Retornando a las características especiales que tiene la crisis de los países emergentes en Argentina, es imperioso poner el acento sobre la forma en que esos modelos fueron allí aplicados.
El mercado financiero local, integrado por casi todos los grandes bancos internacionales y los escasos exponentes residuales de tradicionales instituciones financieras de capital nacional, concentró la capacidad crediticia en financiar a los grandes grupos económicos, fueran éstos locales o extranjeros y al mismo Estado, dejando de lado a las pequeñas y medianas empresas, las verdaderas generadoras de empleo en otras latitudes, que se vieron enfrentadas a un proceso de deterioro y paulatina desaparición en el período analizado.
Otros dos trascendentes hechos, por cierto originales de Argentina, que condujeron a la crisis actual fueron la apertura indiscriminada e incontrolada de la economía y la libertad de entrar y salir del país, financieramente hablando, de capitales extranjeros, muchas veces destinado a la especulación, sin control ni registro alguno. No es mala la libertad para el ingreso y el egreso de los capitales, pero Argentina sirvió, durante muchos años, como campo fértil para la estricta especulación financiera que, montada sobre altísimas tasas de interés reales, provocó una marcada descapitalización empresaria.
El primero de esos hechos, el gran causante de la desocupación actual, significó la masiva importación de mercaderías y bienes, muchos de ellos suntuarios, al ser fabricadas en países con escasa incidencia de la mano de obra en el costo final o en naciones que subsidian a sus productores, reemplazaron a los argentinos en la preferencia popular, determinada ésta por el precio más que por la calidad, conduciendo al cierre de una gran cantidad de establecimientos industriales. No objetamos la apertura comercial, pero ella hubiera debido hacerse recurriendo a adecuados mecanismos antidumping, y recreando las condiciones de adaptación y gerenciamiento, con crédito para esa reconversión para las pequeñas y medianas empresas.
Una consecuencia más del deterioro de la paridad real que acompañó a los últimos años de la convertibilidad, fue el traslado –que aún continúa- de algunas grandes industrias a Brasil, donde reciben fuertes incentivos fiscales. Esas radicaciones, en general, fueron capital-intensivas, más que mano de obra-intensivas; el deterioro del tipo de cambio determinó que el perfil exportador argentino se basase en sus ventajas comparativas estáticas –agro, petróleo, gas, energía-, o en comercio administrado (autos y autopartes) y no en generar ventajas comparativas dinámicas derivadas de la relativamente alta calificación de su mano de obra.
Argentina fue, durante casi el 80% del siglo XX, un país básicamente agroexportador que, como tantos otros, especialmente en la segunda mitad del siglo, vio restringido el acceso de sus productos primarios a los mercados principales de consumo, especialmente a partir de la instauración del dañino sistema de subsidios montado en Europa y los Estados Unidos.
Aún hoy, y con la mayor parte de sus empresas inactivas, el país dispone de un parque industrial relativamente moderno y actualizado, pese a las limitaciones que hemos observado en materia crediticia, y ello se debe a que, si bien muchas de las industrias han sido obligadas a cerrar las puertas de sus fábricas, dentro de ellas la maquinaria y el equipo permanece intacto. La participación del sector industrial (por exclusión de productos primarios y combustibles) en las exportaciones totales llegó, aproximadamente, al 60%.
En los mismos años se produjo una enorme concentración de la riqueza y, en buena parte producto del incremento de las tasas de desocupación, grandes sectores (50%) pasaron a sumergirse más allá de la línea de pobreza
El modelo de la convertibilidad, que hubiera podido funcionar bien con gran disciplina y responsabilidad fiscal, llevó a la economía a límites casi extremos. A la vez, justo es reconocer que la revaluación del dólar frente a todas las monedas, producto de la expansión de la economía norteamericana de los últimos años, contribuyó a complicar el modelo local, atado a esa divisa.
Por último, la falta de una justicia independiente, reemplazada por un Supremo adicto y funcional al poder de turno, la impune y generalizada corrupción, exhibida sin pudor de ningún tipo, y la pauperización de los sectores medios, llevó en los últimos dos años al reclamo popular de un cambio profundo, unívoco en su manifestación de su necesidad, pero anárquico y disociado en sus propuestas positivas, que produjo la renuncia de De la Rúa, que se había comprometido públicamente, al asumir, a liderar ese cambio.
El FMI y el Banco Mundial no dejaron de prestar apoyo a la Argentina por ello, y esa actitud permitió el arribo de un monumental crédito externo e diciembre de 2000, al que se denominó “blindaje”, ya que permitiría al país enfrentar las crecientes especulaciones financieras en su contra. Sin embargo, ya nada era posible.
En 2001, siempre con la ayuda de los organismos citados, el Gobierno encaró la reestructuración de sus compromisos financieros, dividiendo la negociación en dos etapas. La primera, con los acreedores locales –bancos y fondos de pensión- tuvo éxito.
La segunda etapa, la externa, no llegó a concretarse, tanto por la renuncia de De la Rúa, cuanto por el caos político y el ‘default’ que le siguieron.
La última acción de un gobierno ya desprestigiado y carente de apoyo político, fue la bancarización forzosa de la economía y las restricciones a la extracción de los depósitos y la utilización de dinero en efectivo, el denominado “corralito”, creado para impedir que la corrida bancaria, que había hecho perder al sistema financiero un 25% de sus depósitos (US$ 20.000 millones) en poco más de diez meses, terminara –teóricamente
[12]- por derrumbar el sistema mismo, arrastrando a la quiebra a la totalidad de los bancos.
Desde el 19 de diciembre y hasta el 1° de enero del año en curso, se sucedieron en Argentina cinco presidentes, para concluir con la designación del actual, Eduardo Duhalde, por la Asamblea Legislativa, para terminar el mandato constitucional del Presidente De la Rua, del cual restan dos años.
El primero de la serie, Rodríguez Saa, también encumbrado por la Asamblea, había declarado, en medio de un jolgorio
[13] inaudito e incomprensible de senadores y diputados, la cesación de pagos externos del país.
A la vez, y sin un plan económico previamente definido y consensuado, salió de la convertibilidad hacia una ‘libre’ flotación –en realidad, sucia- del peso, luego de un intento fallido de establecer tipos de cambio múltiples. Además, y siempre por decreto presidencial, se “pesificó
[14]” la economía autoritariamente, y se establecieron tipos de cambio distintos para las deudas y los créditos privados, para las obligaciones con los bancos en función del monto de las mismas, y un largo etcétera.
Solamente la iliquidez en pesos de la sociedad, y las restricciones de todo tipo para la compra de divisas, han impedido que la cotización del dólar –única moneda confiable para el público- se disparara a las nubes, arrastrando en su paso al propio Presidente en una estrepitosa caída.
Por lo demás, y aún en un escenario marcadamente recesivo (la caída general de las ventas fue del 50% entre enero de 2001 y enero de 2002, y la recaudación impositiva cayó un 30%), los precios al consumidor han comenzado a registrar fuertes incrementos –en medicamentos, por lo demás los más caros del mundo-, que permiten presagiar una hiperinflación rápida, en caso de obtener la plaza la liquidez faltante.
Duhalde ha anunciado algunas tibias medidas de reducción del gasto público, y el presupuesto presentado al Congreso para el año 2002 contiene una caída del 70% en el déficit público frente al efectivamente producido -$ 10.000 millones- en el presupuesto 2001, atribuido a la falta de pago de servicios de la deuda externa y recortes en educación, salarios públicos, jubilaciones y pensiones, etc.
Además, incluye la autorización para emitir, ya sin respaldo, $ 3.500 millones, US$ 1.750 millones al cambio actual, y destinar sólo $ 1.000 millones al Tesoro. No se explica de dónde se obtendrán los recursos para financiar los $ 2.000 millones restantes del déficit, cálculo considerado sumamente optimista.
La incertidumbre existente sobre las reales posibilidades del Gobierno de alcanzar las metas de recaudación planteadas en el presupuesto, lleva a pensar seriamente en la posibilidad de una emisión descontrolada, tendiente a cubrir el déficit real que en definitiva se produzca y, con ella, el retorno de la hiperinflación a la Argentina, en un escenario social y financiero tanto local
[15] como internacional, muy distinto a aquél de 1989, cuando el fenómeno se produjo por primera vez y las tasas de inflación llegaron al 2000%.
Tampoco resulta previsible hoy la actitud futura del Gobierno respecto al “corralito”, ya que está muy claro que el dinero que consiga evadirlo no retornará, al menos por mucho tiempo, al circuito financiero local. Ello impedirá, seguramente por varios años, que Argentina pueda financiar un crecimiento cuyo norte este Gobierno no parece haber encontrado.
En ese contexto, y volviendo a la pregunta que dejó flotando la primera parte de este artículo, no creemos que Argentina pueda contarse, al menos en el mediano plazo, entre los países capaces de encarar, y mucho menos llevar a buen término, la tarea de crear una estrategia de crecimiento adaptada a las restricciones que el marco internacional actual ofrece.

(*) Enrique G.Avogadro es abogado, y actúa como asesor empresarial en Argentina y Brasil; Juan C. N. Soldano Dehesa es economista, y actúa como asesor empresarial en Brasil.Ambos son argentinos.
[1] General Agreement on Tariff and Trade.
[2] Otros casos típicos son las restricciones al comercio del azúcar, del jugo de naranjas y limones, del maní, etc..

[3] Obsérvese que ello reduce la capacidad de ahorro doméstico y, en consecuencia, la capacidad de estos países de autofinanciar su proceso de crecimiento.

[4] El desarrollo de las telecomunicaciones, unido al creciente grado de acceso a la información, la cada vez mayor movilidad del capital y la globalización de los mercados, crean las condiciones para que, desde el punto de vista de estos conglomerados, parezca razonable adquirir esas dimensiones para maximizar ganancias y multiplicar su capacidad de influencia.

[5] Por lo menos en forma privada, ya que no sería posible darlo a publicidad por las reacciones políticas internas que generarían.

[6] India y China.

[7] Ver el último informe del Banco Mundial.

[8] Es probable que, con el transcurso del tiempo, parte de esas barreras sean levantadas, debido al cada vez menor peso relativo que esos sectores tienen en los países desarrollados, así como los cada vez mayores costos fiscales que esas políticas generan. El proceso de globalización también debería actuar positivamente en ese sentido, al recrear coaliciones de intereses entre empresas y países que se opongan a su mantenimiento. No obstante, creemos que, en el mediano plazo, esas restricciones deben ser asumidas como un parámetro.

[9] Que no es más que una vuelta a los antiguos sistemas de patrón oro o patrón libra esterlina vigentes a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Elimina la posibilidad que los Estados nacionales emitan moneda sin respaldo, y consecuentemente, limita severamente la posibilidad que la autoridad monetaria realice política monetaria.
[10] Fin del gobierno militar y reinstauración de la democracia, con el Dr. Alfonsín, en diciembre de 1983.

[11] Renuncia del Dr. De la Rúa, en diciembre de 2001.
[12] Creemos que, en última instancia, los bancos locales, filiales de los grandes bancos mundiales, hubieran hecho frente, con recursos de sus matrices, al retiro de los depósitos ya que, con ello, evitarían el deterioro de su imagen en el mundo. Y, con toda seguridad, ese movimiento hubiera sido encabezado por aquellos que tuvieran menor exposición en Argentina (HSBC, Scotia, Lloyds, Lavoro, Credit Agricòle), obligando al resto a seguirlos.
[13] Ello es una muestra adicional de la irresponsabilidad de la clase política, la que carece de la visión necesaria para entender las consecuencias económicas y financieras de sus decisiones.

[14] Conversión forzosa de las monedas en que estaban realizados los contratos –normalmente dólares- a la moneda argentina, el peso.

[15] La economía operaba con tasas de desempleo muy bajas y el sistema financiero tenía un grado de exposición crediticia muy baja al sector privado.
Publicada en "Crónicas de Economía", N° 13, Madrid, España, 2002

La verdadera causa de la “argentinización” de las empresas privatizadas

La verdadera causa de la “argentinización” de las empresas privatizadas

En estos días, luego del curiosísimo proceso que llevó a la familia Eskenazy a ‘comprar’ el 15% de YPF, estamos asistiendo a la ‘argentinización’ de Aerolíneas Argentinas, otra empresa que fuera privatizada y luego cercada por la cómplice inacción de la Secretaría de Transporte frente a los vandálicos paros a que fue sometida por la Asociación de Pilotos, que responde a los mismos intereses.

En general, los medios –aún los opositores- dan a entender que el objetivo buscado por los empresarios extranjeros que aceptan la presión oficial para abrir su capital a socios argentinos amigos de la familia K es lograr la adecuación de tarifas y el establecimiento de un marco regulatorio apto para el desarrollo de las actividades sociales.

Sin embargo, tal explicación, que hubiera podido ser válida en el caso de las primeras experiencias, producidas en la generación y en la distribución eléctricas, no se ha traslucido en la obtención de los resultados esperados. El grupo Midlin, y no es el único ejemplo, sigue esperando que se produzcan la liberación de sus tarifas y, pese al discurso oficial, no han invertido un peso en aumentar la oferta o la confiabilidad.

Entonces, si el objetivo presuntamente buscado no se ha visto cumplido en ninguno de los casos anteriores, ¿por qué seguirían insistiendo en su voluntad compradora los amigos del poder?

Creo que hay una sola respuesta lógica. Lo que están buscando los K no es exclusivamente comprar a precios de remate estos activos –que, coincidentemente, los extranjeros tienen interés en vender, para reducir su exposición local- sino, principalmente, hacerse de ‘excusas’ para girar dinero a los mercados mundiales.

Todos sabemos que hoy, con las normas internacionales sobre la prevención del lavado de dinero, resulta en extremo complicado para un individuo depositar en los bancos, ya que éstos se ven obligados a investigar el origen de tales fondos; cualquier suma que supere los US$ 10.000.= resulta, en principio, sospechosa y debe probar su ‘inocencia’.

Imaginemos, entonces, a cualquier personero K intentando ingresar a una cuenta una suma de US$ 100.000.000.=; una cantidad enorme pero adecuada a los manejos actuales, sobre todo en materia de subsidios y alegre disposición de dineros públicos. Saltarían todas las alarmas legales del banco escogido, y éste los rechazaría o los inmovilizaría hasta que fuera completamente explicado de dónde salió ese dinero, con la consecuente creación y registro de los antecedentes del caso para futuras investigaciones.

En cambio, cuando es una empresa la que realiza el depósito, le basta con declarar que tales fondos provienen de operaciones genuinas y han sido informadas a su propio organismo de recaudación impositiva local, para que los fondos puedan ingresar al sistema bancario.

Detengámosnos a pensar en esto, y acumulemos todas las pruebas posibles para cuando la suerte de los K los haya abandonado por completo y los jueces de la República vuelvan a tener las agallas para juzgarlos, como les ha sucedido a todos los funcionarios que perdieron el poder.

Bs.As., 4 May 08

La crisis energética argentina, su causa, las recetas actuales y las verdaderas soluciones de fondo

La crisis energética argentina, su causa, las recetas actuales y las verdaderas soluciones de fondo

A pesar de los dichos y aseveraciones del señor Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del señor Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, respaldados por las actitudes y comentarios de la señora Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina se encuentra inmersa en una fuerte crisis de energía.

Basta, para confirmar ese aserto –por lo demás, compartido por todos los especialistas nacionales y extranjeros- analizar qué sucedió con los sectores de la electricidad, del gas, del petróleo y de los combustibles, todos ellos íntimamente relacionados, a partir del año 2004.

El año pasado, y con el obvio propósito de impedir que la falta de gas se notara en toda su magnitud en los hogares argentinos, que dependen de ese combustible para su calefacción, en un año crucialmente electoral, el Gobierno optó por cortar el suministro del fluido a las industrias, y cinco mil de ellas se vieron obligadas a interrumpir su producción durante ocho horas diarias.

En diciembre, y en razón de la fuerte demanda producida por la masiva venta de equipos de aire acondicionado y las elevadas temperaturas –por cierto, habituales- grandes zonas de la capital, el conurbano y algunas ciudades del interior sufrieron cortes de electricidad.

Lo que el año pasado ocurrió con el gasoil, se está repitiendo este año, con sus síntomas agravados por las ocurrencias disparatas y los manifiestos errores del inefable señor Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La causa

La causa casi excluyente de la crisis argentina, tanto en materia de energía cuanto de inflación, es la falta de inversión.

La realidad, pese a la descarada manipulación de la historia que ejercita el Gobierno cotidianamente, es que la recesión que se iniciara en el año 1998 (que comenzaba a disminuir en 1999), dejó al país frente a un escenario marcado por una gran capacidad ociosa, tanto en materia de generación eléctrica cuanto industrial.

A partir del año 2002, cuando comenzó a salir de la megacrisis del 2001 y a crecer muy fuertemente, Argentina aprovechó esa capacidad vacante; la magnitud de ella se demuestra con sólo pensar que, pese a que el PBI creció a más de 8% al año, la falta de inversiones –en generación de energía y en ampliación de la oferta de bienes- iniciada en 1998, se ha notado únicamente a partir del 2005.

Si, además, sumamos a ese factor, ya de por sí definitorio para explicar el problema actual, el adicional de las tarifas congeladas desde 2002 y la negación sistemática de la crisis por parte del Gobierno, que hace que la población gaste alegremente el recurso tan barato, nada podía evitar que esta crisis llegara.

En una palabra, el defecto estructural del modelo en vigencia, consiste en que Argentina carece de las inversiones en infraestructura indispensables para su crecimiento o, cuando las realiza, están sujetas a la enferma decisión de unos funcionarios que, en lugar de aplicarlas con lógica, lo hacen movidos por sus corruptos intereses políticos y personales. Baste, como ejemplo, el proyecto del ‘tren bala’ cuyo presupuesto, aún desconocido por cierto, seguramente bastaría para recuperar los actuales 7.700 Km de vías férreas en uso.

Nadie invierte a largo plazo –como son todas las inversiones en infraestructura- en un país como el nuestro, que carece de seguridad jurídica, que ha quitado a su Poder Judicial toda independencia, que congela arbitrariamente las tarifas, que impide la exportación, que prohibe a los empresarios fijar sus propios márgenes de ganancia, que modifica permanentemente las reglas de juego, que carece de luz y de gas, que desconoce la realidad de una inflación galopante en los costos, y que cuenta con una ‘familia reinante’ que, para evitar riesgos, mantiene –desde hace 14 años- los fondos de una provincia en el exterior, sin rendir cuentas a nadie por ello.

Para explicar mejor a qué me refiero, piense solamente, y por un segundo, que Ud. se llama Carlos Repsol, o Carlos Petrobras. En ese caso, el Gobierno argentino le pagaría US$ 1,50 por cada millón de BTU (medida británica para el gas) que Ud. extrajera en Argentina, pero US$ 6 si Ud. lo extrajera en Bolivia y mucho más si Ud. lo hiciera en Venezuela o en Brasil. ¿Dónde invertiría Ud. su dinero?

En la respuesta a esa retórica pregunta está la razón de la crisis de los combustibles en Argentina, y la fuerte caída en el horizonte de reservas, tanto de gas natural cuanto de petróleo.

Con respecto al petróleo, sucede lo mismo, es decir, nadie invierte hoy en buscarlo, pues los precios internos no condicen con los gastos y los riesgos que la actividad implica.

Y la capacidad de refinamiento de los crudos está hoy totalmente ocupada, ya que don Moreno destina parte de sus mejores esfuerzos a ello, por lo cual, aún en el caso de que se extrajera más, no habría dónde procesarlo.

El tema de la energía eléctrica también tiene una fácil explicación. Argentina genera su electricidad a partir de tres fuentes: a) la generación térmica; b) la generación hídrica; y c) la generación nuclear, en Atucha I y Embalse.

En el primer caso, es decir en de la termoelectricidad, el combustible usado naturalmente para ello es el gas, por su precio, por la limpieza de su operación –que hace que el mantenimiento sea más duradero y más barato- y su escasa contaminación ambiental.

Cuando no hay gas, como sucede hoy, se debe recurrir a realizar en las usinas las modificaciones necesarias, y comenzar a quemar fuel oil, mucho más caro y enormemente más contaminante, y todo ello sin aumentar las tarifas. ¿Cómo se solventa esa diferencia? Simplemente con subsidios, carentes por completo de transparencia en su distribución.

Eso es, precisamente, lo que el Gobierno pretende hacer para evitar un apagón el próximo invierno, ya que contaba con el hoy inexistente gas boliviano para alimentar las centrales térmicas, entre otras las futuras de Campana y Timbúes. Está demás decir que, aún si ese gas pudiera ser extraído de las profundidades del Altiplano, no habría hoy un gasoducto capaz de transportarlo.

Pero hay un factor externo que agrava el ya de por sí complicado escenario: la crisis de producción de Bolivia. Cuando, en mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, atentó gravemente contra las petroleras multinacionales que actúan en su país.

La explicación a esta afirmación es bien simple. En los balances de las petroleras figuran, como activos, las reservas que éstas tienen comprobadas o comprobables. La medida del Gobierno boliviano produjo la desaparición de tales activos de los balances y, con ello, la desvalorización de las compañías.

Si Morales hubiera optado, para lograr el mismo resultado en la recaudación, por aumentar fuertemente las tasas impositivas, no se hubiera producido tal hecho. Consecuencia de la medida: las petroleras dejaron de invertir inmediatamente en Bolivia que, a partir de entonces, se ve impedida de cumplir sus contratos de exportación a Argentina y, parcialmente, a Brasil.

Hoy, Bolivia produce unos 40 millones de m³ de gas natural por día. De ese total, por ley, destina unos 6 millones a la atención de su demanda interna. Luego, por prioridad contractual, envía otros 30 millones al mercado del Sureste brasileño. El saldo, entre 2,5 y 3 millones diarios, los exporta a Argentina que, teóricamente y pese a que paga un precio mayor que el cobrado a Brasil, debía recibir 7,7 millones por día este año, para llegar, en 2012, a 27,7 millones diarios.

Ante esta realidad –las inversiones de Petrobras en Bolivia se han reiniciado, pero su efecto llegará dentro de 3 a 4 años- Argentina pidió a Brasil que le cediera parte de lo que recibe, pero el Presidente Lula, acosado también por la falta de agua en sus reservorios, se negó a ello.

Como alternativa, Brasil ofreció exportar en invierno 200 MW de electricidad y Argentina, a su vez, pidió que fueran 1.500 MW. Esa energía, al menos en principio, debería pagarse con electricidad enviada en el futuro por Argentina a Brasil, y si no pudiera ser pagada en especie, resultará mucho más cara, toda vez que la que este invierno nos llegue será producida por las termoeléctricas brasileñas, y no será de origen hidráulico.

Frente a esta escasez de gas para el próximo invierno, el Gobierno argentino volvió a decir que comprará combustibles líquidos –alternativa más cara y, en este caso, mucho más contaminante, por el contenido mayor de azufre- a Venezuela que, por supuesto, no regala nada. En un nuevo frente de corrupción de ambos gobiernos, ese fueloil será intercambiado por alimentos, ya que la República Bolivariana carece de ellos, provistos ahora por una lista de empresarios amigos de los Kirchner.

Se repetirá, así, la vieja historia del fueloil venezolano, destinado a atender a la creciente demanda argentina. Ese combustible en particular nada tiene de venezolano. Su único contacto con Venezuela es que allí está domiciliada la ‘trader’ que hizo las operaciones, ya que el origen del producto es tan distinto como Rusia, México, etc.. Venezuela no refina fueloil ni tiene capacidad para exportarlo.

Merece aparecer aquí una breve referencia al -¡gracias a Dios!- olvidado proyecto del Gasoducto del Sur, un invento de Chávez y Kirchner, que debía recorrer 12.000 Km entre Venezuela y Argentina, transportando 100 millones de m³ diarios de gas natural para ser utilizados a lo largo de su trazado. Ese disparate era, de origen, absolutamente inviable por varias razones: a) nadie sabe si Venezuela lo hubiera podido llenar, ya que la mayor parte de su gas es ‘asociado’, es decir, comparte sus yacimientos con el petróleo; b) en la medida en que el gas debe ser reimpulsado cada tantos kilómetros, hubieran debido construirse varias estaciones compresores a lo largo de su traza, con el consiguiente aumento de costo final; el gas hubiera llegado a Argentina a un precio cercano a los US$ 12 o 13 por millón de BTU (ver más arriba los precios actuales); c) a partir de los 3.500 Km, el costo del transporte por gasoducto es superior al que implica licuar el gas en origen y transportarlo en buques para su regasificación en destino; con la ventaja enorme, para este sistema, de impedir la dependencia de un solo proveedor; y d) el organismo brasileño que custodia el medio ambiente –IBAMA- jamás hubiera dado permiso para que las tuberías atravesaran el Amazonas. Como dije, es de agradecer que el proyecto haya caído en el olvido, ya que hubiera costado una enorme fortuna: US$ 20.000 millones, al menos en principio.

En el año 2001, Brasil tuvo una enorme crisis de energía, en virtud de su gran dependencia de la energía hidráulica que, entonces, se vio golpeada por una histórica sequía. El Gobierno –la comparación con la actualidad argentina se impone- reaccionó anunciándole al país que debía enfrentar un apagón, estableció un racionamiento muy fuerte –con penas pecuniarias severas para quien no respetara sus indicaciones-, priorizó el abastecimiento a la industria por sobre los hogares y creó un programa de construcción de termoeléctricas. La crisis fue superada el verano siguiente, con las fuertes lluvias que permitieron la recuperación de los reservorios, pero los brasileños se acostumbraron a usar racionalmente la energía y los niveles de consumo eléctrico pre-crisis sólo fueron alcanzados después de varios años.

En el caso de la energía hidráulica, la materia prima de las represas es el agua. Y, a la inversa de lo que ha ocurrido en años recientes, la suerte parece haber abandonado –en este rubro también- al Gobierno. Las represas del sur argentino no tienen agua y, por ello, no podrán generar la energía suficiente.

Las causas son dos: la primera, la criminal actitud del Gobierno, que ordenó utilizar el agua de esos reservorios durante el último invierno hasta muy por debajo de los niveles de seguridad mínimos de los mismos; la segunda, y a ello me refería cuando hablé de la falta de suerte, a la falta de lluvias en el actual verano.

En tercer término, se debe hablar de la energía atómica. Las centrales argentinas son absolutamente obsoletas, y Atucha II, además de los escándalos por corrupción que la rodean, lleva 27 años en construcción. En resumen, poco aportan a la salida del problema.

Pero, como dije, el principio de la solución de la crisis brasileña fue, naturalmente, el reconocimiento de su existencia y la concientización de la población acerca del problema, exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno argentino.

Soluciones

Argentina carece, pese a ser imprescindible, de una planificación a mediano y largo plazo. En los casos como el de la energía, esa falta resulta más notoria y conspira contra cualquier posibilidad de solución.

Sin embargo, como casi todo en la vida, la actual situación de Argentina tiene solución, pero se requiere coraje y buen tino para aplicar las medidas del caso, todas ellas impopulares.

La primera de ellas es, como dije, el reconocimiento de la crisis, indispensable para intentar remediarla. El Gobierno tiene la obligación de explicar claramente a los habitantes la magnitud de la crisis, y las necesarias conductas a adoptarse, a nivel individual y colectivo, para remediarla; además, debe nos debe pedir sacrificios, a los cuales estamos poco acostumbrados, tales como: destinar a la producción industrial y a la generación eléctrica la mayor cantidad de gas posible, aún a costa de que los argentinos pasen algún frío en sus casas; economizar fuertemente la electricidad, mediante la sustitución de lámparas y equipos por otros más eficientes, aún cuando haya que subsidiar esos cambios, y castigar el uso de equipos suntuarios, como calefactores de piscinas y de ambientes abiertos; imponer, a través de fuertes castigos pecuniarios, una reducción en el consumo, retrotrayéndolo, por ejemplo, a los niveles de 2006.

La segunda, el sinceramiento de las tarifas. Con el escenario descripto más arriba, resulta imposible que los argentinos –al menos, los que podemos- sigamos pagando por nuestra energía, cualquiera sea su fuente, la mitad de lo que pagan los países limítrofes por la suya. De algún lado –los subsidios inexplicados- deben salir los fondos que paguen por esa diferencia, y el procedimiento en uso no es, por decirlo suavemente, el más transparente ni el más apropiado. Una vía para esto, sugerida por Alieto Guadagni recientemente, podría ser la liberación de precios para la energía ‘nueva’, es decir, para la que se agregara a la oferta a partir de ahora. La otra, naturalmente compatible, es liberar las tarifas a los consumidores ‘pudientes’ y mantener una ‘tarifa social’ para los sectores más carenciados.

Aquí debo introducir un nuevo ángulo de crítica a un gobierno que describe a su modelo económico como inclusivo. La falta de canalización para la distribución de gas en las zonas más empobrecidas del conurbano bonaerense y otros focos nacionales de miseria, hacen que quienes menos tienen deban pagar por el gas, tanto para cocina cuanto para calefacción, un precio casi ocho veces mayor que los sectores de altos ingresos. Una factura de gas bimestral en el Barrio Norte de la Capital no supera los $ 20, mientras que el precio de cada garrafa, que dura entre 10 y 15 días, supera los $ 35 en los alrededores de Buenos Aires.

La tercera, pero tal vez la más importante y sin la cual nada será posible, es la seguridad jurídica, es decir, la garantía del respeto a los contratos; pero sin una Justicia genuinamente independiente del Poder Ejecutivo, esa seguridad nunca podrá ser creída por los inversores. En estos días tenemos ejemplos suficientes de ello: la imposición de retenciones a la minería, el aumento de las retenciones al campo, etc., etc., son medidas adoptadas por un Gobierno que dice pretender revertir la tendencia que excluye a nuestro país como destino de las inversiones extranjeras directas.

La cuarta, más cara pero más inmediata, es la construcción de terminales de regasificación en Argentina, para comprar gas licuado a todos los países del mundo que disponen del insumo y de la tecnología para producirlo. Si el Ministerio de Planificación Federal pudiera dedicar parte del tiempo que gasta en negociar con Venezuela contratos espúreos y en imaginar ‘trenes bala’, Argentina podría contar, en 3 o 4 años, con el gas suficiente para atender a un mayor crecimiento de la demanda de su generación térmica de electricidad, además de atender a las necesidades de su población en los meses fríos.

Si todo esto se produjera, también se alejaría el horizonte de reservas de petróleo y gas, ya que las compañías internacionales vendrían a buscarlo y, con suerte, a encontrarlo, recuperando para Argentina su autosuficiencia energética, hoy perdida. El año próximo, con toda seguridad, nuestro país volverá a ser un importador neto de petróleo, en un momento en que el barril está rondando los US$ 100 por unidad.

Finalmente, Argentina debe dirigir todos sus esfuerzos –y por qué no sus subsidios- al desarrollo de fuentes alternativas de energía, hoy buscadas por el mundo entero por el recrudecimiento del calentamiento global. Me refiero, en primer término, a los biocombustibles, mercado en el cual Brasil ya es líder mundial; luego, a las pequeñas centrales hidroeléctricas, de bajo costo ambiental y rápida construcción; a la energía eólica, en un país que desperdicia este fuente inagotable y, en la Patagonia, permanente; y sobre todo a la atómica, con la rápida terminación -¡lleva ya 27 años!- de Atucha II y la construcción de nuevas centrales.

En esta materia, la energía, nada es ‘a corto plazo’. Se necesita mucho dinero y, sobre todo, tiempo para implementar las soluciones que, además, no son nunca demagógicas. Ojalá estemos a tiempo.

Bs.As., 22 Mar 08